La guerra del disco llega al Parlamento

Espectáculos

El Poder Ejecutivo enviará hoy al Parlamento la Ley del Intérprete a la que se refirió este diario la semana pasada a raíz de los duros enfrentamientos que generó entre AADI (intérpretes musicales) y CAPIF (productores fonográficos). El anuncio lo realizó ayer la senadora Cristina Fernández de Kirchner en un acto en San Isidro: «Con el Presidente nos importa mucho el teatro, los artistas, la cultura. Mañana el Poder Ejecutivo va a remitir un proyecto de ley para el intérprete porque un actor cuando interpreta, un músico, un autor que se expresa con el histrionismo que cada uno pone, debe ser reconocido».

El impulso que dará el Ejecutivo al reconocimiento del intérprete tendrá un marco regulatorio donde estarán resguardados los derechos de autor. Fernández adelantó que con el envío del proyecto de ley al Congreso se saldará un reiterado pedido de los actores, músicos y artistas.

CAPIF había manifestado su disconformidad con el texto del actual proyecto, lo que originó un debate que demoró su aprobación.

Gustavo Sáenz Paz, Director General de AADI, expresó: «Es falso que los intérpretes musicales ya no serán dueños de sus derechos. AADI no se arroga derechos para sí, lo que hace es representar los que corresponden a la gestión colectiva de los artistas, lo hace muy bien desde 1974 conforme las disposiciones legales. Este proyecto no genera vacíos legales ni dificulta el ejercicio de los derechos de los productores, lo que sostiene CAPIF es totalmente falso».

Según AADI, el texto del proyecto explicita que los intérpretes tendrán un plazo de protección de 70 años (se eleva la duración), refuerza los derechos de gestión colectiva, concede a artistas intérpretes el ejercicio de sus derechos en Internet (que las discográficas ya están ejerciendo), ratifica modalidades vigentes de reparto y también clarifica las medidas procesales para todas las entidades de gestión colectiva, incluida CAPIF.

El director ejecutivo de CAPIF, Roberto Piay, dijo a este diario: «AADI impulsa una ley para beneficio de su propio monopolio, y lo agranda, le da alcance ilimitado y hasta busca fijar precios. Pretende pautar la distribución porque estos derechos se hacen en todo el mundo al 50 y 50».

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