Tragedia de Cromañón apura definición en salas de teatro

Gustavo López, secretario de Cultura de Buenos Aires, prometió la pronta firma de un decreto que reglamente la actividad de las salas independientes.

Como en una obra de Pirandello, esta vez son los propietarios de las salas de teatro independiente, y no los personajes, los que buscan un autor. Es decir, un decreto de la ciudad que diga que existen. De otra manera, ya que no hay ninguna figura legal que las contemple, pueden sufrir clausuras arbitarias, o tener la fortuna de seguir funcionando, de acuerdo con el criterio del inspector de turno.

En el marco de intensas negociaciones se espera para esta semana la firma de ese decreto que definirá el reglamento de habilitación para las salas de teatro independiente. La situación, en virtud de ese vacío legal, es más compleja de lo que se suponía en un principio.

La mayoría de los teatros del denominado circuito off han sido inscriptos bajo la denominación «Club de teatro» ( concebido como un club social y deportivo con un anexo teatro habilitado para ofrecer cinco funciones al año), o ni siquiera están registrados, ya que la figura de «teatro independiente» fue eliminada del Código de edificación, hace ya varios años.

Fue una medida que pasó inadvertida y que, según sospechan hoy los teatristas porteños agrupados en el Movimiento del teatro independiente ( creado a raíz de la clausura de la sala Belisario y del Teatro Concert), probablemente obedezca a intereses inmobiliarios.

Son muchos los casos de salas que años atrás pidieron su habilitación sin recibir ningún tipo de respuesta o siquiera la visita de algún inspector. Por lo tanto no es aventurado suponer que si cada una de estas salas (alrededor de un centenar) hubiera esperado dicha aprobación para abrir sus puertas hoy casi no habría teatro independiente en Buenos Aires.

La necesidad de reglamentar la actividad no surgió a partir de la tragedia de Cromañón, como muchos piensan, sino que la que precipitó las definiciones. Hace un año y medio que ARTEI (Asociación de teatristas independientes) reclamaba un reglamento de habilitación sin obtener respuesta por parte de los funcionarios competentes. «Fuimos a pedir en el gobierno que agilizaran el tema», afirma Roberto Castro, dueño de la sala El Portón de Sánchez y uno de los portavoces en las negociaciones con el Gobierno de la Ciudad.

«Lo primero que planteamos fue: 'estamos ilegales, necesitamos que definan cuanto antes una figura legal que nos permita habilitar nuestras salas como corresponde, pero nadie nos respondió». En diálogo con este diario, Castro reconoció la buena voluntad de Gustavo López para agilizar la firma del decreto, que se produciría entre mañana y el jueves. Una vez publicada la nueva reglamentación en el Boletín oficial, las salas dispondrían de 180 días de plazo para ponerse al día con los nuevos requirimientos.

Antes de esa fecha sólo podrán abrir sus puertas provisionalmente aquellas que cumplan «con las mínimas e indispensables medidas de seguridad», aún no especificadas. «Son dos pasos importantes. Primero la creación de una figura legal que reconozca a las salas de teatro independiente, y después ver con qué reglamentación hay que cumplir».

• Caso por caso

Uno de los puntos más conflictivos de esta negociación entre teatristas y autoridades tiene que ver con el perfil que se pretende imponer a salas que funcionan en espacios no convencionales.«El problema con el tema de la seguridad -apunta Castro- es que estas salas terminen convertidas en lugares demasiado formales y ajenos al tipo de propuestas que allí se realizan. Muchas salas funcionan en casas chorizo o en antiguas fábricas, y estos espacios atípicos le dan encanto y sabor a Buenos Aires. Sería terrible que se perdieran». Esto es algo que se irá definiendo en los próximos meses. Los integrantes del Movimiento del Teatro Independiente confían en que el Gobierno analizará cada caso en particular.

Obviamente el problema principal que afecta a estas salas es de orden económico, ya que buena parte de las modificaciones que deberán emprender insumen grandes costos de realización. «La modificación de las puertas de salida, que deben abrir hacia el exterior, oscila entre los 7 mil y 9 mil pesos; una silla especial para lisiados (según lo exige la ley de antidiscriminación dictada en 2003) ronda los 40 mil pesos», explica Castro.

La situación es inmanejable y ha creado un enorme malestar en el ambiente teatral. Más aun cuando se recuerda que la única tragedia ocurrida en una sala independiente fue producto de un atentado (el recordado teatro El Picadero). El Gobierno de la Ciudad prometió apoyar económicamente todos estos cambios asignándole a las salas una parte de los fondos correspondientes al subsidio «Cultura va».

También el Instituto Nacional del Teatro prometió su ayuda adelantando en un cuatrimestre los subsidios otorgados al «Estímulo para la actividad teatral 2004». Según se estima todos estos temas deberán estar resueltos a principios de marzo a fin de poder dar comienzo a la temporada teatral con todas las salas funcionando y sin ninguna baja.