Nación aprobó las garantías para dos créditos que tomarán las provincias con el BID y la CAF. Para qué se utilizarán y qué pasa si las provincias no llegan a cumplir con los compromisos.
Ambos estarán destinados a obra pública.
El Gobierno nacional aprobó este lunes garantías para que las provincias de Entre Ríos y Chubut accedan a préstamos de organismos multilaterales por hasta u$s430 millones, destinados a financiar proyectos de infraestructura vial y de abastecimiento de agua potable.
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Las medidas fueron oficializadas a través de los decretos 1104/2026 y 1105/2026, publicados este lunes en el Boletín Oficial. En ambos casos, la Nación actuará como garante de las obligaciones asumidas por las provincias, mientras que los gobiernos provinciales deberán otorgar una contragarantía.
El financiamiento de mayor magnitud corresponde a Entre Ríos, que podrá acceder a un crédito de hasta u$s280 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Por su parte, Chubut podrá tomar un préstamo de hasta u$s150 millones de la Corporación Andina de Fomento (CAF).
En los dos casos, además, se estableció que, ante un eventual incumplimiento de los compromisos de pago, la Nación podrá debitar automáticamente los montos adeudados de los fondos de coparticipación federal correspondientes a cada provincia.
A través del Decreto 1104/2026, el Ejecutivo aprobó el modelo de contrato de garantía entre la República Argentina y el BID para respaldar un préstamo de hasta u$s280 millones destinado a Entre Ríos.
Los fondos se utilizarán para ejecutar el Programa de Infraestructura Vial Sostenible para el Desarrollo Productivo de Entre Ríos (PIVS-ER), cuyo objetivo general es contribuir al desarrollo de las cadenas productivas agropecuarias de la provincia.
En particular, el programa apunta a mejorar la accesibilidad y las condiciones de circulación de la red vial provincial y fortalecer las capacidades institucionales de Entre Ríos para gestionar su infraestructura vial.
El proyecto estará dividido en dos componentes. El primero abarcará ingeniería, obras, inspección y compensaciones socioambientales, mientras que el segundo estará destinado al fortalecimiento institucional.
El Estado actuará como garante de las obligaciones que Entre Ríos asuma con el BID. A su vez, la provincia deberá firmar un contrato de contragarantía por el cual se compromete a afrontar los pagos correspondientes.
En caso de que Entre Ríos no cancele sus obligaciones, autorizará al Gobierno nacional a realizar el débito automático de los fondos de la Cuenta de Coparticipación Federal de Impuestos, hasta cubrir el total de lo adeudado.
En paralelo, mediante el Decreto 1105/2026, el Gobierno aprobó el esquema de garantías necesario para que Chubut tome un préstamo de hasta u$s150 millones con la CAF.
El financiamiento estará destinado al Programa Sistema de Acueductos Sostenible de la Provincia del Chubut, que tiene como objetivo garantizar el abastecimiento de agua potable en la Cuenca del Río Senguer, reducir las pérdidas del sistema y mejorar las condiciones para el desarrollo provincial.
El programa estará estructurado en tres componentes: obras de infraestructura resiliente, fortalecimiento institucional y otros gastos.
Al igual que en el caso de Entre Ríos, la República Argentina garantizará las obligaciones financieras asumidas por Chubut frente al organismo multilateral. La provincia, en tanto, deberá otorgar una contragarantía a la Nación.
Así, ante un eventual incumplimiento, el Gobierno nacional también podrá avanzar con el débito automático de los recursos de coparticipación correspondientes a Chubut, hasta alcanzar el monto adeudado.
Los dos decretos incluyen evaluaciones similares del Banco Central (BCRA) y de la Oficina Nacional de Crédito Público respecto del impacto y las condiciones financieras de las operaciones.
En ambos casos, el BCRA consideró que la dimensión de los préstamos implica un “impacto limitado en términos macroeconómicos sobre los flujos de la balanza de pagos internacionales” y que será consistente con la dinámica prevista para las operaciones externas.
Por su parte, la Oficina Nacional de Crédito Público informó que no formuló objeciones a los financiamientos debido a que el costo financiero de los préstamos es inferior al que la República Argentina podría obtener en el mercado, de acuerdo con la información disponible y los supuestos utilizados para el análisis.
Los decretos también facultaron al ministro de Economía, Luis Caputo, a funcionarios que este designe y al secretario de Finanzas a suscribir los contratos correspondientes. Además, Economía podrá acordar modificaciones siempre que no impliquen cambios sustanciales en las garantías, el destino de los fondos o un incremento de los montos autorizados.