Edición Impresa Libre

Guiño de la Corte de EE.UU. en causa YPF: no se define en 2019

GOBIERNO NO TENDRÁ QUE PAGAR ASÍ HASTA U$S 3.000 MILLONES, AL MENOS ESTE AÑO - El tribunal le pedirá opinión al Gobierno de Donald Trump para resolver luego si acepta o rechaza el pedido argentino para que el caso pase a ser tratado por jueces locales.

La Corte Suprema de los Estados Unidos le dio ayer un guiño a la Argentina al solicitar la opinión al Gobierno de ese país, para luego resolver si acepta o no el pedido que el país hizo en su momento para que se traslade la causa contra YPF por la manera en que se reestatizó la petrolera en 2012. Con esta decisión, tomada el viernes pasado pero conocida oficialmente ayer, el Gobierno de Mauricio Macri se garantiza, por los propios tiempos de la Justicia norteamericana, que este año el juicio no culminará y que, en consecuencia, no tendrá que pagarle a los demandantes encabezados por el fondo Burford Capital si finalmente el fallo es adverso. No es una cuestión menor. La causa suma ya un monto de aproximadamente 1.450 millones de dólares, los que sumado a los intereses más otros casos conexos que se sumarían luego del fallo definitivo podrían demandarle al país el pago de entre 2.000 y 3.000 millones de dólares. El monto final dependerá de la resolución de la jueza de primera instancia Loretta Preska y del resultado definitivo que tome la magistrada en el caso de que la Corte falle en contra de la Argentina.

La decisión tomada ayer por el tribunal norteamericano implica que se le pedirá al “solicitor general” (abogado del Estado) su opinión sobre el caso, antes de dictar sentencia definitiva sobre el pedido de la Argentina. El “solicitor” depende del Gobierno de Donald Trump y la Corte no le reclama tiempos límites para que emita su opinión, con lo que este podría tomarse un muy largo rato antes de expresar su visión sobre el pedido de la Argentina de mudar la causa a los tribunales argentinos. Se estima que en tiempos lánguidos, el “solicitor” podría demorarse hasta 8 meses antes de enviar su escrito a la Corte. Lo positivo del caso, para los intereses nacionales, es que la muy buena relación bilateral entre los gobiernos de Trump y de Mauricio Macri podría jugar a favor y demorar al máximo posible el envío de la opinión del Gobierno federal. Si bien los tiempos no están determinados legalmente, lo cierto es que esta petición haría el tramite todo lo lento que quiera el propio “solicitor”, salvando al país de un eventual pago, al menos durante todo 2019. Lo malo del caso es que si la sentencia final es negativa para el país, los intereses seguirán corriendo y la resolución del caso será aún más onerosa para la Argentina. En tiempos de tasas de interés extravagantes por un riesgo-país por encima de los 700 puntos, lo mejor que le podía pasar hoy al Gobierno nacional es no tener que salir a captar fondos para liquidar en este juicio. Habrá que esperar mejores tiempos financieros en 2020.

El guiño que llegó ayer desde Washington no necesariamente implica una señal positiva para el país en cuanto a la resolución final del caso. Recuerda el especialista Sebastian Maril, que “cada vez que la Corte Suprema EE.UU. pidió opinión del Gobierno de los EE.UU., terminó siendo favorable a intereses argentinos y aceptó el caso” pero que sin embargo “el fallo final terminó siendo contra la Argentina”. De hecho, el último ejemplo fue muy negativo para el país. Fue la causa contra los fondos buitre, donde la Corte Suprema también solicitó en 2014 su opinión al entonces gobierno de Barack Obama, que tenía una mala relación con el de Cristina de Kirchner, pero igualmente recomendó que se escuchara la versión oficial de la Argentina y la Corte tomara el caso. Finalmente el máximo tribunal lo rechazó y la causa volvió directamente al juzgado de Thomas Griesa quedando firme el fallo a favor de los fondos buitre.

La causa se originó a partir de la aparición del fondo Burford Capital, una firma especialista en comprar a bajo precio causas con potencial de litigio internacional. Este fondo le compró a la Justicia española parte del manejo de la quiebra que las empresas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, dos compañías que la familia Eskenazy creó en ese país pero que al momento de la reestatización ya había abandonado junto a otra bajo las leyes australianas, para comprar acciones de la petrolera en 2008. La causa se basa en el reclamo de Burford por la manera en que el Gobierno de Cristina de Kirchner nacionalizó la petrolera sin realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA), tal como figuraba en el estatuto de privatización definido en 1993 durante la privatización impulsada en la presidencia de Carlos Menem. Allí el país se comprometía en la Bolsa de Comercio de Nueva York, donde se lanzó la oferta de las ADR de la petrolera, a que cualquier operación de adquisición posterior de una porción de la petrolera argentina obligaba a hacer una oferta por el total de las acciones del mercado. Durante la reestatización, el Gobierno de Cristina de Kirchner no le dio importancia a este punto. El Congreso aprobó la compra de sólo el 51% de las acciones, luego de que en el recinto el entonces ministro de Economía Axel Kicillof descartara cualquier problema posterior afirmando que “créanme que si uno quería comprar acciones para entrar a la compañía y pasaba el 15%, pisaba la trampa del oso y tenía que comprar el 100% a un valor equivalente a u$s19.000 millones. ¡Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto!”. Esta frase es ahora una de las argumentaciones centrales de Burford en la causa que tiene que definir la Cámara de Apelaciones de Nueva York.

Burford no es en realidad un fondo de inversiones o directamente un fondo buitre al estilo Elliott o Dart, sino que se trata de un sofisticado bufete de abogados dedicados a comprar juicios con altas posibilidades de éxito, pero con una larga demora en el tiempo para su resolución. La clave del negocio es que la compra del juicio no la hace con capitales propios, sino con inversores que confían en su experiencia.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Dejá tu comentario