La nueva norma modifica el esquema simplificado de Ganancias y establece nuevas reglas para las fiscalizaciones que lleva a cabo -ARCA.
La nueva norma introduce cambios en el esquema tributario y redefine cómo se controlarán las declaraciones simplificadas.
El Gobierno promulgó la Ley 27.826, conocida como Inocencia Fiscal II, que introduce cambios sobre el régimen de la Agencia de Recaudación y Control Fiscal (ARCA) creado a fines de 2025. La norma fue sancionada por el Congreso el 17 de septiembre y quedó oficializada el 9 de octubre a través del Decreto 1160/2026.
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Uno de los cambios principales es la eliminación de límites de ingresos y patrimonio para acceder a la declaración simplificada de Ganancias, nuevas condiciones para que ARCA pueda cuestionar lo declarado y restricciones específicas para determinados funcionarios públicos y grandes contribuyentes.
Uno de los cambios principales es la eliminación de los límites económicos que condicionaban el acceso al régimen simplificado. La primera versión exigía que el contribuyente tuviera ingresos totales de hasta $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones, además de no estar catalogado como Gran Contribuyente Nacional. Esas restricciones fueron eliminadas por la nueva ley.
En su lugar, la condición principal pasa a ser mantener la residencia fiscal argentina durante todo el período fiscal en el que se usa la modalidad simplificada. Para quienes adhieran por el período fiscal 2025, este requisito no será exigido.
La medida forma parte de la estrategia oficial para facilitar la incorporación al circuito formal de fondos que permanecían fuera del sistema financiero.
Quienes ingresen deberán canalizar sus operaciones con medios autorizados por el Banco Central (BCRA) o la Comisión Nacional de Valores (CNV). La ley también contempla como válido el uso de efectivo al momento de escriturar inmuebles.
Esto no implica un blanqueo automático ni elimina los controles contra el lavado de activos, ya que los sujetos obligados seguirán haciendo la debida diligencia correspondiente y la UIF deberá completar la normativa del régimen.
Otro de los cambios importantes es que la ley establece que la carga de demostrar una discrepancia significativa recaerá exclusivamente sobre el organismo recaudador. Para hacerlo, solo podrá usar la información presentada por el propio contribuyente, los datos que ya tenga disponibles en sus sistemas y aquella documentación aportada por terceros.
La presunción de exactitud alcanza a las declaraciones de Ganancias y, bajo determinadas condiciones, también a períodos de IVA. ARCA podrá cuestionar una declaración cuando detecte, entre otras situaciones:
un aumento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos de al menos el 15%
diferencias que superen el monto establecido en el Régimen Penal Tributario
utilización de facturas apócrifas
cómputos improcedentes de retenciones, percepciones, pagos a cuenta o anticipos
Además, no se considerará una discrepancia significativa cuando la diferencia del criterio porcentual no supere el 5% del umbral previsto para evasión simple.
El contribuyente también tendrá una instancia para corregir diferencias, si presenta una declaración rectificativa dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación y regulariza el saldo junto con sus intereses, esa diferencia no será considerada significativa en los términos previstos por la ley.
La norma también restringe el uso de presunciones fiscales, por lo que algunas quedarán suspendidas hasta el 31 de diciembre de 2027 y las restantes no van a poder usarse como único elemento para impugnar una declaración.
La nueva ley no impide del todo que los Grandes Contribuyentes Nacionales y determinados funcionarios públicos usen la declaración simplificada.
Pero su acceso será limitado, ya que podrán usarla para presentar la declaración y efectuar el pago correspondiente, pero no recibirán la presunción de exactitud ni los demás beneficios previstos por el régimen. La restricción alcanza a quienes ocupen o hayan ocupado durante los cinco años anteriores cargos como:
funcionarios o empleados con jerarquía de secretario de Estado o superior
legisladores nacionales, provinciales o porteños
concejales y parlamentarios del Mercosur
magistrados del Poder Judicial
fiscales y otros magistrados del Ministerio Público
defensores del Pueblo y sus adjuntos
miembros del Consejo de la Magistratura
integrantes de jurados de enjuiciamiento
Si ARCA determina que un contribuyente no cumple con los requisitos exigidos, podrá excluirlo del sistema, iniciar una fiscalización, determinar de oficio el impuesto y aplicar las sanciones correspondientes.
Los cambios podrán aplicarse a períodos fiscales iniciados desde el 1° de enero de 2025. La nueva ley establece límites específicos para quienes ocupan posiciones consideradas sensibles dentro del Estado o están incluidos entre los grandes contribuyentes.