Las medidas restrictivas a la circulación impactaron en la baja de los delitos en la Ciudad.
En el marco de un año atípico, signado por la pandemia y las consecuentes restricciones a la circulación para detener el avance del Covid-19, los robos se redujeron un 45% durante 2020 en la Ciudad. Sin embargo, la contracara muestra que los homicidios aumentaron un 22% con respecto al año anterior.
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La información se desprende del Mapa del Delito de la Ciudad en su edición 2020, el indicador que el Gobierno porteño presenta cada año desde el 2017, donde evalúa cómo se comportó la actividad criminal en el distrito a fin de idear estrategias y políticas públicas en la materia.
Según los datos recabados por la cartera de Seguridad local, el año pasado hubo 124 homicidios dolosos en la Capital Federal, 22 más que los 102 que fueron registrados durante el 2019, lo que representa una suba del 22% entre el 2019 y el 2020. En 2018, en tanto, esa cifra fue de 139.
Por otra parte, hubo 34.460 robos en 2020, una baja significativa frente a los 62.829 que la Ciudad reportó en 2019, lo que representa un marcado descenso del 45% en ese índice, mientras que hurtos callejeros se redujeron un 48% en 2020.
"Hay una continuidad de la problemática criminal arraigada fundamentalmente en el sur de la Ciudad. Durante los cinco años de gestión, ocho de cada diez homicidios ocurrieron en las comunas del sur, en especial en cinco: la uno, la tres, la cuatro, la siete y la ocho. Ahí están aquellos barrios conocidos como vulnerables. Esas zonas han tenido una gran cantidad de muertos por violencia letal", analiza Ariel Larroude, experto en seguridad y director del Observatorio de Política Criminal porteño.
En diálogo con Ámbito, Larroude afirma: "Si bien la tasa es baja en términos nominales, lo que tenemos es que, cuando ubicamos a esos muertos en el territorio, no hay una distribución equitativa de esas muertes violentas, lo que da cuenta de un faltante de políticas públicas para poder paliar esa situación. No para que haya más muertos en otros lados, pero sí una política pública para intervenir fuertemente en el delito violento. Pareciera como si hay dos ciudades divididas por Rivadavia" .
Según explica, la alta concentración de los homicidios en un sector particular de la Ciudad hace que "se pierda el significado de tener una tasa baja de criminalidad". "Las cifras se agravan cuando situamos que en los últimos cinco años la Ciudad recibió ayuda en las gestiones de Bullrich y Frederic, con el reparto de 2.500 efectivos de fuerzas federales para patrullar esas zonas", dice.
Y añade: "Los homicidios se incrementaron fundamentalmente por el reacomodamiento de bandas delictivas ligadas al narcomenudeo que, en tiempos de pandemia y ante las restricciones, tuvieron que reorganizar sus dispositivos de venta en base a la fuerte presencia policial. Cuando disminuyeron las restricciones, hubo un reajuste territorial que se expresa en disputas entre las bandas que operan, principalmente, en el sur de la Ciudad".
De cara a los años venideros, Larroude identifica tres ejes clave: "Hay que intervenir inteligentemente en el narcomenudeo, hacer política pública a través del análisis criminal para intervenir en el mercado delictivo dedicado a la venta minorista de estupefacientes. La cuestión no tiene que terminar en la persecución de consumidores, porque eso hace que el precio de la droga se mantenga elevado, entonces, al ser adictiva, la gente consume droga de peor calidad y eso trae aparejados hechos de violencia".
Por otra parte, destaca que "otro problema es la necesidad del desarme: en los últimos cinco años, más de la mitad de los muertos fue por armas de fuego. Si bien es una competencia originaria de Nación, cada distrito debe dar solicitar una presencia para generar políticas de desarme".
"Se deben elaborar políticas públicas mucho más profundas. En la Ciudad hay focos de pobreza que ya llevan muchísimos años. Si bien nunca hay que enlazar la pobreza con el delito, sí hay que reconocer la pobreza genera conflictos. Uno de ellos es con la ley penal, pero también los hay con la salud, la educación, el empleo, etc. Ese conjunto de ausencia estatal muchas veces repercute en hechos violentos. Esas me parecen las tres líneas fundamentales para actuar".
En este sentido, el abogado destaca que "Ciudad debería insistir en el traspaso de competencias penales que están en manos de la Justicia nacional para que sean sus fiscales y jueces los que investiguen la criminalidad más relevante y no la menos problemática. El 60% de los delitos registrados en la Ciudad son robos y hurtos y hoy estos son resueltos por la justicia nacional con recursos de todos los argentinos pese a que ocurren en la ciudad".
Y concluye: "Por eso el traspaso total no solo es una obligación sino una necesidad para intervenir en los mercados ilícitos que se generan en la ciudad a raíz del delito. Hay una justicia local preparada para este proceso y hay que dinamizarlo".