14 de abril 2009 - 01:27
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Oscar Castelluci, padre del jóven asesinado en Lanús, en el momento que en que informaron la sentencia.
Tras leer los testimonios más relevantes del debate oral, los magistrados consideraron que hubo "una estrecha vinculación entre un acto de discriminación y el suceso de este juicio".
Por ejemplo, recordaron dichos de un testigo que dijo que en La Casona "se cuidaba el ambiente y que el dueño del lugar, Atilio Amado, se ocupaba personalmente de determinar quién o quiénes podían entrar".
"Todo el mundo comentaba acerca de hechos de discriminación en el lugar y que en la puerta de adentro, donde estaba Amado, a los obesos, feos y morochos como yo, no los dejaban pasar", declaró el muchacho.
Para los jueces, resultó llamativo que "en todos los casos, todos mencionaron la presencia de personal policial en el lugar de los hechos, siendo su actitud de total colaboración con los agresores o de total inacción, según el caso".
"Los testimonios permitieron constatar de que en el local bailable La Casona se implementó un deplorable sistema de admisión de ingreso, inspirado en evidentes prejuicios de índole racista y clasista", remarcó en su voto el juez Piume.
Agregó que en el local "no sólo era válido impedir el ingreso de aquellas personas que no se adecuaban al estereotipo admitido, sino que además, de resultar necesario, habilitaba el uso de la violencia extrema".
"Para implementar ese repudiable e ilegal método de admisión debió contarse con la activa participación del responsable legal de dicho local y de determinados miembros de la Policía provincial", agregó.
Martín Castellucci (20) murió el 6 de diciembre de 2006 luego de haber permanecido tres días internado a raíz de que las lesiones que sufrió en la cabeza le provocaron, según la autopsia, fracturas de cráneo, contusiones y hemorragias cerebro-meníngeas traumáticas.
Tras la muerte, el boliche fue atacado por amigos del chico y luego quedó definitivamente clausurado.
A raíz del crimen de su hijo, Oscar Castellucci creó una fundación e impulsó la creación de una ley que establece reglas de habilitación del personal que realiza tareas de control de admisión y permanencia de público en eventos y espacios públicos.
La ley 26.370 fue aprobada en mayo del 2008 por el Congreso Nacional, aunque aún se aguarda que el Poder Ejecutivo Nacional reglamente varios de sus artículos.
Por otra parte, la fiscal de Lomas de Zamora Marcela Ruiz tiene a su cargo otra parte de la investigación que no se ventiló en este juicio oral y que involucra al dueño del boliche, Atilio Amado, y a dos policías bonaerenses que esa noche estaban cerca de la puerta y no evitaron la golpiza ni detuvieron al agresor.




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