Cromañón: ex funcionaria acusó a gestión de Ibarra

El juicio oral por la tragedia de Cromañón entró ayer en su faz política: una ex funcionaria del gobierno de Aníbal Ibarra reconoció que durante su gestión se desarmó la estructura de inspectores de la Ciudad.

El caso Cromañón comenzó ayer a girar sobre la política y la gestión del ex jefe de Gobierno Aníbal Ibarra, cuando una ex funcionaria, imputada por presunto incumplimiento de sus deberes, decidió prestar declaración y acusó a sus entonces superiores de haber engañado a la Justicia.

Ana María Fernández, la primera de los 15 acusados que se sienta a dar testimonio ante los jueces y también la primera de los tres funcionarios complicados por la causa, desempolvó viejas internas, en su defensa. Además, mostró documentos, hizo dibujos en un atril y hasta sostuvo su declaración con la apoyatura de una pantalla gigante.

Fernández se desempeñaba como directora general adjunta de Control Comunal, área cuya organización terminó dando argumentos para el desplazamiento del cargo de Ibarra, destituido a través de un juicio político por la tragedia y sobreseído en la causa judicial.

Ataque

La imputada se declaró inocente y atacó a la titular de su área, Fabiana Fiszbin, una psicóloga que había arribado al Gobierno porteño de la mano de su amiga Vilma Ibarra y a quien designó el entonces secretario de Seguridad y Justicia, Juan Carlos López, quien renunció a su puesto cuarenta y ocho horas después de que el lanzamiento de bengalas en el local cerrado provocara la muerte de 193 personas.

Fernández había tenido el rango de subsecretaria pero, desde hacía tres meses -cuando ocurrió la tragedia, en diciembre de 2004- un decreto acotó sus funciones.

Por entonces, en pleno juicio político, se dijo que Fiszbin -quien se encontraba en Brasil aquella noche del 30 de diciembre- habría querido complicar a su subalterna por la supuesta sospecha de querer apropiarse de una caja azul donde se encontraba toda la documentación referente a las inspecciones de locales bailables. La caja estuvo aparentemente extraviada y apareció al regreso de Fiszbin cuando otra empleada la encontró sobre un armario que dividía dos oficinas.

Aliados

Fernández llegó al Gobierno por parte de aliados de Ibarra, como era el ex legislador Jorge Giorno del Partido de la Ciudad, quien logró aportarle al ex mandatario una buena cantidad de votos (se aduce que el tamaño más grande de las letras con el nombre de Ibarra en las boletas colaboró para esa suma) y hasta colocar en Diputados a la ex titular de Control Comunal, la radical Silvana Giudice, quien durante el proceso contra Ibarra colaboró con la oposición para facilitar elementos que aportaron a destituir al ex mandatario.

Fernández, tras su salida del Gobierno por la tragedia de Cromañón, no se ha dedicado a la política, pero sí a preparar su defensa al margen del resto de los funcionarios.

Ayer, ante los jueces, declaródurante casi tres horas en las cuales acusó a sus entonces superiores de haber engañado a la Justicia y dio cuenta de «informes falaces».

«No sólo atacan mi derecho de defensa, sino también las bases de esta investigación, mediante engaños a la Justicia», dijo la imputada aludiendo a Fiszbin. Dijo que estaba alejada de todo tipo de decisiones y que su escritorio había sido ubicado «en un pasillo, junto a la puerta de salida», a modo de reflejar que estaba desplazada, ya que antes había tenido un cargo de mayor responsabilidad en las inspecciones. 

También refirió a que Ibarra -durante la gestión de Giudice- había desactivado la llamada Inspección General, echando a los inspectores y admitiendo que era «un focazo de corrupción». Fernández dijo que el Gobierno porteño pasó, en ese momento, de 300 a 25 inspectores y que a mediados de 2004 había 76, para controlar 200 locales bailables en su totalidad.

«Fiszbin sabía que la UPI no contaba con los recursos suficientes», disparó y dijo que «ciertos funcionarios omitieron informar o informaron erróneamente respecto del real alcance de mi gestión», acusando a otros ex funcionarios del Gobierno porteño. Luego dijo que en los meses previos al incendio en Cromañón, le comunicó a Fiszbin que la UPI «sólo funcionaba al 30 por ciento de las demandas respecto de las denuncias recibidas, lo que imponía una limitación en el control, en desmedro de la administración local y los ciudadanos».