El acusado, ex subcomisario Carlos Díaz durante los alegatos de la defensa.
Las defensas de los ex jefe y subjefe de la comisaría séptima porteña, con jurisdicción en Cromañón, comisario Miguel Angel Belay y subcomisario Carlos Díaz, solicitaron sus absoluciones de los delitos que les atribuyen por la tragedia que provocó la muerte de 193 personas en diciembre de 2004.
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Al alegar ante los jueces del Tribunal Oral Criminal 24, María Cecilia Maiza, Raúl Llanos y Marcelo Alvero, los abogados Fermín Iturbe y Eduardo Escudero, aseguraron que su defendido, Díaz, llegó al debate como víctima de "un pacto de gente con animosidad manifiesta contra la Policía Federal Argentina" (PFA).
Escudero consideró que la imputación de Díaz "tiene un tinte político y económico", ya que, si resulta condenado, los sobrevivientes y los familiares de las víctimas que fallecieron lograrán el cobro de la indemnización por parte del Estado Nacional.
"Veinte millones de dólares, ¿quién los va a pagar, (Omar) Chabán, (Raúl) Villarreal, Callejeros?, No, lo va a pagar quien puede hacerlo: el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Estado Nacional", precisó Iturbide.
Díaz (49) llegó al juicio oral acusado de ser "partícipe de estrago doloso seguido de muerte en concurso con cohecho pasivo, en calidad de coautor" y el fiscal Jorge López Lecube pidió en su alegato que se lo condene a 17 años de prisión.
Los letrados pidieron al final de su alegato que se investigue si los ex empleados de Cromañón Héctor Albornoz y Viviana Cosodoy, constituyeron "un pacto para mentir y traer a la PFA al debate", lo que finalmente ocurrió.
Por su parte, el abogado Julián Orlando sostuvo que su defendido Belay (57) "siempre tuvo un correcto desempeño como oficial jefe de la Policía Federal" y que "no hay nada en este expediente que lo relacione con el resto de los imputados".
"No encontramos cuál es el elemento a rebatir. No se ha acreditado ni siquiera el cohecho", afirmó el defensor de Belay, quien llegó a debate acusado de coautor del delito de cohecho pasivo (cobrar coimas).
Orlando recordó que el comisario estuvo al frente de esa seccional unos "escasos meses", entre el 15 de mayo de 2004 hasta noviembre de ese mismo año, y detalló la labor que llevó a cabo en las 70 manzanas de la jurisdicción, en las que se registra una "profunda actividad comercial".
El defensor explicó que la atención policial en la zona está centrada en Plaza Miserere, en la Terminal del ferrocarril y en los numerosos establecimientos de atención al público que existen en la zona y no solamente en los locales bailables.
Antes de dedicarse a desbaratar las acusaciones, la defensa del ex comisario planteó la nulidad de los alegatos de algunas querellas, basándose en cuestiones estrictamente formales, y se sumó al pedido del fiscal, que no formuló acusación contra Belay.
Sobre un episodio registrado el 24 de septiembre de 2004, en el que Belay aparecía acusado de haber pedido coimas para no interferir en un "recital" denominado "Rokmañón", el defensor recurrió a diversas pruebas para demostrar que ese día lo que hubo fue un "baile" que, por otra parte, "fue un fracaso".
Ese día "no hubo 'recital', ni seguridad extra, ni ninguna tarea especial", el establecimiento "funcionó como lo que era: un local de baile clase 'c'", dijo Orlando, quien fundó sus apreciaciones en videos de testigos que dijeron en el juicio que el evento "fue un fracaso" y que fueron "seis o siete personas".
Sobre otros incendios que se registraron en el local del barrio de Once que gerenciaba Omar Chabán, Orlando afirmó que uno de ellos fue el 1 de mayo, dos semanas antes que Belay se hiciese cargo de la comisaría séptima.
Cuando finalice el alegato defensista de Belay, será el turno del abogado Fermín Iturbe, defensor del ex subcomisario Carlos Díaz, quien ocupaba el segundo lugar de jerarquía en la seccional.
El debate pasó a un cuarto intermedio hasta el lunes próximo a las 9.30 cuando comenzará el alegato de la defensa de Fabiana Fiszbin, (44) psicóloga, ex subsecretaria de Control Comunal, quien llegó al juicio acusada de coautora de "incumplimiento de los deberes de funcionario público".
De acuerdo al cronograma establecido por el TOC24, el martes y miércoles será el turno de la defensa de los otros ex funcionarios comunales acusados, en tanto el jueves se realizarán las respectivas réplicas y el viernes los imputados dirán sus últimas palabras.
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