Un estudio del Observatorio de Psicología Social Aplicada reveló un fuerte rechazo social al sistema judicial, con niveles críticos de desconfianza, percepción de ineficiencia y denuncias de favoritismo hacia sectores de poder.
Un estudio reveló que el 94,4% de las personas creen que los jueces están influenciados por el poder político o económico.
El Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) de la UBA difundió un informe que mostró un contundente deterioro en la percepción pública sobre la Justicia: el 94,6% de los consultados sostuvo que los jueces están influenciados por el poder político o económico, en un contexto de fuerte desconfianza institucional.
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El relevamiento, realizado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sobre 1.217 casos, también evidenció que el 94,1% considera que la Justicia es poco o nada eficiente, mientras que el 88,3% cree que favorece a los ricos y poderosos. A esto se suma que el 93,6% afirmó que la corrupción impacta mucho o bastante en su vida cotidiana, consolidando un panorama crítico en la evaluación ciudadana.
En términos de evolución, el 73,8% opinó que la Justicia empeoró en los últimos años, y un 55,8% proyectó que continuará deteriorándose. Según el informe, estos resultados configuran “un mapa de percepciones altamente consistentes y fuertemente negativas”, que reflejan un rechazo extendido al funcionamiento del Poder Judicial.
El estudio analizó seis dimensiones clave: eficiencia e imparcialidad, evolución y prospectiva, corrupción e impunidad, confianza institucional, casos de actualidad y expectativas de cambio, lo que permitió trazar una radiografía integral del vínculo entre la sociedad y la Justicia.
Uno de los datos más relevantes del informe fue el nivel de confianza en el sistema judicial. En una escala del 1 al 10, los votantes de Javier Milei le asignaron un 2,6, mientras que los de Sergio Massa marcaron 2,4, con un promedio general de 2,5, lo que confirma un piso muy bajo de credibilidad transversal.
En ese marco, el 77% de los encuestados se manifestó a favor de priorizar los méritos académicos por sobre la negociación política en la designación de jueces, lo que sugiere una demanda clara por mayor profesionalización e independencia del sistema.
A modo de cierre, el informe concluyó que “la sociedad argentina expresa una desconfianza estructural hacia el sistema judicial”, y remarcó que lo más significativo no es solo la magnitud del rechazo, sino su alcance: “el malestar atraviesa las divisiones de género, edad, nivel educativo, voto y autopercepción ideológica”, lo que lo ubica por fuera de la lógica de la grieta política.