Los gremios aeronáuticos desautorizaron las instrucciones que dio el Ministerio de Defensa para la programación de vuelos de Semana Santa. Mantendrán espacios de 10 minutos entre aterrizajes y despegues -hecho que provoca demoras que se suman a los retrasos operativos de las empresas-y no acatarán lo dispuesto por Defensa de que esa separación sea de 5 minutos. Ayer el gobierno decretó una conciliación ante una amenaza de huelga. En un abierto desafío a la autoridad de Nilda Garré, los integrantes de la Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo (ACTA), que lidera César Salas, y la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), que agrupa a la mayoría de los aviadores de Aerolíneas Argentinas, difundieron comunicados advirtiendo que la diferencia entre lo previsto por las autoridades de Defensa y lo dispuesto por los pilotos y controladores podrá provocar demoras en las partidas de los servicios programados. Dice el comunicado: «En el Acta de Reunión del 29 de marzo de 2007 (n.r.: se firmó entre funcionarios de Defensa, líneas aéreas, controladores y pilotos) en la cual se determina bajar la separación entre avión y avión (slots) de 10 minutos a 5 minutos, y tras la aclaración en la misma de los representantes de la Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo (ACTA) que seguirán aplicando un espaciamiento de 10 minutos como vienen realizando en el último mes, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas dispone a sus afiliados asegurarse la separación mínima de 10 minutos entre tránsito y tránsito.
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En el momento de la firma del acta, uno de los controladores combativos, Roberto Paredes, dijo a viva voz que no firmaría el documento y que los afiliados de ACTA espaciarían los vuelos según su criterio profesional como mínimo 10 minutos.
Paredes no es un desconocido para Defensa; Garré sabía que este controlador fue quien franqueó las cámaras ocultas que registraron escenas de la Torre de Control de Ezeiza para el documental «Fuerza Aérea SA» que dirigió el ex piloto Enrique Piñeyro. El controlador estuvo a punto de ser desplazado de su puesto debido a que la torre es un espacio de acceso restringido al público, y con su comportamiento habría violado condiciones de seguridad. Nunca quedó aclarado por qué motivo Garré soslayó la controversia laboral; ahora la ministra resultó rehén del controlador Paredes en la crisis de los vuelos.
Presión
La responsabilidad política de la crisis por el control del tránsito aéreo está prorrateada entre el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y la ministra Garré de acuerdo con el decreto de transferencia a la órbita civil de las funciones que tenía la Fuerza Aérea. Pero en una reunión que tuvo lugar la semana pasada -de las tantas que se hacen para encontrar soluciones al conflicto-, Jaime disparó una frase inequívoca: «No es problema mío». Estaban presentes el subsecretario de Asuntos Técnicos Militares, Germán Montenegro, y otros funcionarios de los ministerios de Defensa y Planificación Federal.
Si hasta Néstor Kirchner decidió salir de Buenos Aires el sábado pasado y, según el plan de vuelo del T-01, recién regresará el lunes próximo, cuando haya cedido la presión de los controladores por la Semana Santa. Acorralada por los reclamos de la Casa Rosada, Garré y su vocero (no parlante), Jorge Bernetti, se las ingenian para pedir a cuanta entidad aeronáutica se pueda informes técnicos, inspecciones y auditorías en el afán de contar con datos técnicos que expliquen la crisis. En el gabinete nacional se comenta con sorna que el «efecto Garré» ya se contagió al gobierno de Lula da Silva (por el conflicto de los controladores brasileños para salir de la tutela militar), claro que el poder de la Fuerza Aérea de Brasil está muy lejos de la criolla, víctima de descabezamientos del propio gobierno de Kirchner.
La credibilidad de la ministra sobre el asunto de si el radar de Control Baires está o no operativo depende de uno de estos informes. Como si no fuesen suficientes los partes técnicos favorables que dieron los técnicos de la empresa francesa Thales (proveyó y mantiene el radar desde 1973) y los de la Fuerza Aérea. Dos miembros de la OACI, el organismo de las Naciones Unidas que regula y norma la actividad aerocomercial internacional, están encargados de inspeccionar el equipo. Uno de ellos es uruguayo y el otro peruano; ambos fueron recibidos por la ministra, quien, con lenguaje diplomático, les solicitó premura. Los técnicos se comprometieron a producir el informe final a más tardar el martes próximo.
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