La ministra de Seguridad, Nilda Garré, aseguró que los exconscriptos que mantenían cortada desde el lunes la Avenida 9 de julio, "recurren a la extorsión" para "tratar de lograr los mismos beneficios" que el Estado reconoce a los ex combatientes de Malvinas.
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"Estos ex conscriptos reclaman un tratamiento especial en virtud de haber sido movilizados al sur con argumentos que le caben a toda la población de la Patagonia. Recurren a la extorsión para tratar de lograr los mismos beneficios que la Nación reconoce a quienes combatieron en el Teatro de Operaciones", señaló Garré en un comunicado.
Según informó el Ministerio de Seguridad, el dispositivo policial que fue implementado por orden judicial para desalojar el corte de la Avenida 9 de Julio, resultó en la detención de 25 manifestantes y cuatro policías hospitalizados en el hospital Churruca con politraumatismos y escoriaciones.
Los ex conscriptos detenidos fueron acusados de "atentado y resistencia a la autoridad" por el Juzgado Correccional N°12 a cargo de Raúl García. Del desalojo del piquete participaron 168 agentes de la Policía Federal, 216 gendarmes y 5 carros hidrantes.
"El grupo que bloqueó el lunes y el martes por la mañana la importante arteria de la Ciudad de Buenos Aires dice estar integrado por ex conscriptos movilizados al sur durante la Guerra de Malvinas, aunque no habrían estado en el teatro de operaciones ni están incluidos en las listas oficiales de veteranos de guerra", la cartera que conduce Garré.
El comunicado señala también que los ex conscriptos, "en todos los casos, fueron instados por parte de la Justicia y de los funcionarios de la Policía Federal Argentina a cesar el corte de la avenida 9 de Julio en reiteradas oportunidades.
En ese sentido, sostiene que ante "la cerrada negativa a dejar paso al tránsito, no dejaron otra alternativa que la intervención policial para garantizar el derecho a la libre circulación de todos los ciudadanos".
Desde el Ministerio aseguraron también que el procedimiento se realizó en aplicación de los protocolos de intervención en manifestaciones públicas diseñados por el Ministerio de Seguridad, garantizando un uso proporcional de la fuerza pública a los fines de restablecer el orden con el mínimo riesgo para los manifestantes y para el personal policial.
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