El gremio bonaerense rechazó el ajuste, exigió recomposición salarial y denunció el desfinanciamiento de la educación pública.
Suteba encabezó una la marcha hacia el Congreso.
En el marco del paro nacional docente convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), gremios docentes encabezaron este lunes una multitudinaria movilización desde el Cabildo de Buenos Aires hasta el Congreso de la Nación Argentina, para rechazar el ajuste del Gobierno nacional y exigir paritaria, salarios y mayor presupuesto.
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Miles de trabajadores de la educación de distintos distritos integraron la columna, junto a delegaciones de sindicatos de base de CTERA, la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP).
Desde el sindicato remarcaron que la jornada estuvo atravesada por el rechazo al ajuste, el reclamo por la Paritaria Nacional Docente, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docentel (FONID), un urgente aumento salarial y el incremento del presupuesto educativo.
También exigieron infraestructura escolar adecuada, condiciones dignas de trabajo, estabilidad laboral, la defensa de los regímenes jubilatorios docentes, el rechazo a la reforma laboral regresiva y a cualquier iniciativa que, según denunciaron, mercantilice la educación.
Durante la marcha, las secretarias generales adjuntas del gremio, María Laura Torre y Silvia Almazán, expresaron duras críticas a la política educativa del Gobierno nacional. Por su lado, la primera de ellas señaló que la docencia volvió a las calles en todo el país para denunciar la falta de financiamiento educativo y reclamó la devolución del FONID, al afirmar que el Ejecutivo debe volver a financiar libros, computadoras, infraestructura escolar y comedores.
En ese marco, sostuvo: “En todo el país denunciamos que no hay financiamiento para la Educación y exigimos que nos devuelvan el FONID que nos robó el Gobierno de Milei”.
Por su parte, Almazán indicó que el alto nivel de adhesión al paro refleja el deterioro del poder adquisitivo del salario docente y el abandono de la educación pública por parte del Gobierno nacional. “Lo que plantea la CTERA expresa la realidad que viven lxs trabajadorxs: el deterioro del salario, el desfinanciamiento y el brutal ajuste”, resumió.
Además, advirtió sobre la situación de la provincia de Buenos Aires y remarcó una deuda millonaria por parte de la Nación. “A la provincia de Buenos Aires le deben 22 billones de pesos, que incluyen el FONID y fondos para el IPS”, afirmó, y remarcó que el reclamo también apunta a defender la jubilación docente.
La jornada concluyó con un acto frente al Congreso, donde la secretaria general de la CTERA, Sonia Alesso, ratificó la continuidad del plan de lucha y apuntó directamente contra el Gobierno nacional. “Paro total en todo el país, con movilizaciones en todas las provincias”, expresó, y advirtió que el Ejecutivo busca disciplinar al sector educativo.
En ese sentido, anunció que la CTERA impulsará la conformación de un Frente Nacional Educativo y sostuvo que la pelea es “por la Educación, la Salud, el Trabajo y la Ciencia”, al tiempo que aseguró que las medidas continuarán “hasta que retrocedan las políticas de ajuste” impulsadas por el presidente Javier Milei.
Tras la aprobación definitiva de la reforma laboral en el Senado el viernes pasado, la Federación Argentina de Docentes de la UTN (FAGDUT) acompañó este lunes a distintas confederaciones sindicales en la presentación judicial contra la norma. Antes del mediodía, el gremio se concentró y marchó hacia el Palacio de Tribunales para respaldar los recursos de amparo que buscan frenar la entrada en vigencia de la ley.
La columna partió desde el Rectorado y se dirigió hasta Plaza Lavalle, en la intersección de Tucumán y Talcahuano, punto de encuentro de la convocatoria. Allí, el secretario general del sindicato, Ricardo Mozzi, sostuvo que la reforma “es inconstitucional y carece de validez jurídica”, y afirmó que el texto aprobado en el Congreso resulta “regresivo” para los trabajadores, al tiempo que —según planteó— promueve la precarización del empleo. También cuestionó que la iniciativa altere el principio protectorio del derecho laboral, al debilitar la regla de que ante la duda debe primar la interpretación más favorable al trabajador.
El dirigente enumeró, además, lo que consideró inconsistencias legales del nuevo régimen: limitaciones a la reparación frente al despido, restricciones al derecho de huelga y a las asambleas, cambios en el financiamiento de la seguridad social y modificaciones en la vigencia de los convenios colectivos. Según señaló, estas disposiciones impactan sobre la tutela sindical y las prácticas gremiales.
Desde la organización indicaron que la acción judicial presentada apunta a que la Justicia declare la inconstitucionalidad de la ley por entender que vulnera garantías consagradas en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, entre ellas la libertad sindical y el derecho a huelga. En esa línea, el secretario gremial, Leandro Lata, afirmó que la norma “contradice la Constitución” y advirtió que implica “un retroceso en materia de derechos laborales”.
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