El cese de actividades fue convocado para el 12 de agosto en reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario, la cautelar de la justicia sobre salarios y becas, y del acuerdo firmado sobre las partidas destinadas a gastos de funcionamiento de los hospitales universitarios.
Gremios universitarios llamaron a un nuevo paro general en respuesta a los incumplimientos del Gobierno.
Los Gremios y Federaciones del sistema universitario argentino anunciaron un paro total de todas las actividades para el próximo miércoles 12 de agosto, en reclamo de los incumplimientos de la Ley de Financiamiento Universitario, la cautelar de la justicia sobre salarios y becas, y del acuerdo firmado sobre las partidas destinadas a gastos de funcionamiento de los Hospitales Universitarios.
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Tras el anuncio de la medida, el secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci, apuntó contra la "indiferencia" del Gobierno de Javier Milei frente a los múltiples reclamos de las universidades nacionales y afirmó que su actitud pareciera "no tener límites".
En este sentido sostuvo que el Presidente "se enfrenta a la sociedad que marchó cuatro veces en defensa de la universidad pública; al Congreso Nacional, que hace casi 300 días aprobó la Ley de Financiamiento Universitario y que aún no ejecuta; y a la Justicia, al desobedecer la medida cautelar que dejó firme la Corte Suprema y que lo obliga a actualizar los salarios de todos los trabajadores y trabajadoras universitarios a valores de noviembre de 2023”.
Ante esta situación, el secretario general cuestionó el accionar del Gobierno y sostuvo que "le da la espalda a la democracia y se cree con la potestad de decidir qué ley se cumple y cuál no”.
Por último, Cagnacci dejó en claro que la voluntad de los docentes es la de "estar en las aulas frente a los estudiantes, en las cátedras haciendo investigación o enseñando y asistiendo en los hospitales”.
La medida de fuerza se realizará bajo la consigna: “En defensa de la universidad pública: por nuestro presente, por nuestro futuro”.
El conflicto judicial entre las universidades nacionales y el Gobierno nacional se originó por la disputa en torno al financiamiento del sistema universitario público. Las casas de estudio denunciaron que las partidas quedaron desactualizadas frente a la inflación y que los fondos resultaban insuficientes para garantizar el normal funcionamiento de las instituciones.
Tras la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso, las universidades sostuvieron que el Ejecutivo incumplió la norma al no actualizar las partidas presupuestarias conforme a lo establecido por lo que recurrieron a la Justicia para exigir su aplicación y garantizar el financiamiento del sistema universitario público.
Finalmente, la Corte Suprema dejó firme una medida cautelar que obliga al Estado a aplicar de manera provisoria parte de la norma mientras continúa el proceso judicial, aunque todavía no existe una sentencia definitiva sobre el fondo del conflicto.
Por ese motivo, el último 20 de julio el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores de las universidades públicas del país, pidió que la Justicia habilite la feria judicial para avanzar con una sentencia definitiva en la causa por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.