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Al presentar su informe anual en Londres, la organización defensora de los derechos humanos incluyó un capítulo referido a la Argentina, en el que enumeró los hechos más destacados entre enero y diciembre de 2003. «Dentro y fuera de la Argentina se tomaron decisiones judiciales y legislativas en favor de la investigación de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado», destaca la presentación. Pero también critica que «las condiciones de reclusión no cumplieron las normas internacionales, y se recibieron informes de tortura y malos tratos a detenidos, menores incluidos, en comisarías de policía», y señala que «hubo amenazas contra defensores de los derechos humanos».
Entre otros puntos, se señala que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, perteneciente a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU -que visitó la Argentina entre setiembre y octubre del año pasado afirmó que «las condiciones de reclusión en prisiones y comisarías eran de extrema gravedad, crueldad e inhumanidad».
«También llamó la atención sobre la criminalización de la pobreza y destacó el impacto directo que estaba teniendo la negativa situación económica sobre los derechos humanos», advirtió y, asimismo, indicó que se recibieron informes sobre «torturas y malos tratos infligidos a menores en comisarías de policía».
Al detallar casos en algunas provincias, señala que en Santiago del Estero «se denunciaron casos de niños menores de 12 años, detenidos arbitrariamente por la Policía.
«En La Plata, provincia de Buenos Aires, se informó que muchos menores que habían estado detenidos en comisarías de policía debieron ser atendidos por cortes y hematomas, pero no se habían atrevido a presentar denuncias por temor a las represalias», indica.
Por otra parte, revela que «familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos, defensores de estos derechos y periodistas que informaban sobre asuntos de esta índole siguieron sufriendo actos de acoso y recibiendo amenazas de muerte».
Entre esos casos, menciona a Gustavo Melmann -cuya hija Natalia fue asesinada y a Marcelino Altamirano, coordinador de un hogar para niños de la calle de la ciudad de Mendoza.
Luego destaca varios hechos relacionados con la investigación de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar.
Asimismo, se refiere a la Suprema Corte de Justicia de México, que confirmó la extradición a España del argentino Ricardo Miguel Cavallo, la derogación del decreto que prohibía la extradición de personas vinculadas a violaciones a los derechos humanos, y la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida por parte del Congreso.
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