No cae Caseros: en cinco años hubo nueve intentos fallidos

Al menos nueve veces se anunció la implosión de la ex cárcel de Caseros en los últimos cinco años. Todos fueron intentos fallidos. La etiología: papelerío sin decisiones, burocracia, amparos y hasta un brote de bronquiolitis a mediados de este año.

Ahora la expectativa es que el derrumbe de la estructura se logre en el primer semestre de 2005, luego de la realización de una audiencia pública prevista para el próximo 20 de diciembre, donde se discutirá el impacto ambiental que puede producir el hecho.

Desde su cierre, el 1 de febrero de 2000, y el último desalojo, en junio de 2001, se hicieron proyectos de un complejo para viviendas, un centro comercial, un centro cultural y hasta un jardín.

Sin embargo, el solar limitado entre las calles Pasco, Pichincha, avenida Caseros y 15 de Noviembre de 1889 en el barrio porteño de Parque Patricios continúa con el esqueleto del edificio en pie (ya fue demolida a través del Ejército -en forma manualla mayoría de las estructuras internas).

• Temores

Una de las principales objeciones al intento de demolición fueron los contaminantes que generaría el hongo producido por el derrumbe. Es que la ex cárcel se encuentra en un polo sanitario que rodean los hospitales Garrahan, Udaondo, Penna y Sanidad del Ejército, entre otras instituciones de salud.

Por esta razón, se decidió realizar la demolición en tres etapas -ver infografía-, un día sábado, porque las actividades en los hospitales disminuyen y que -además-sea lluvioso y sin viento, para que no se desparrame polvo contaminante en la zona.

La última postergación, en la que iba a ser la primera implosión -estaba planificada para el primer sábado lluvioso y sin viento de octubre-, se debió a un amparo de la ex legisladora porteña Patricia Flores y otros vecinos del barrio Parque Patricios. El amparo fue presentado en el mes de abril en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 7, a cargo de la jueza Lidia Lago, por «presunto incumplimiento por parte de la Ciudad de la Ley 123 de Impacto Ambiental, que dispone llamar a una audiencia pública» para tal efecto. La jueza dictó la medida cautelar, frenó la demolición -aunque no los trabajos de preparación del edificio-y la discusión será, como ya se adelantó, el próximo 20 de diciembre.

El historial de suspensiones, no obstante, es alarmante:

AÑO 2000: quien era ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Gil Lavedra,anunció que a la cárcel no ingresaron más presos desde el 1 de febrero y que la destrucción del edificio sería a fin de año, con igual metodología con la que se hizo desaparecer el ex albergue Warnes.

• Otro intento

Patricia Bullrich, por entonces secretaria de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, anunció también en febrero que se tomó contacto con el Ejército para estudiar la inminente implosión. En agosto, Bullrich aseguró que el Ejército realizaría la operación en diciembre y que sería reemplazado por viviendas de categoría. Para noviembre, las autoridades cambiaban nuevamente de fecha: principios de 2001.

AÑO 2001: transcurrido el primer semestre, se anunció el 5 de junio que la demolición se haría a fin de año. El 27 de agosto, el jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, y la entonces vicejefa Cecilia Felgueras, oficializan la decisión de demoler la cárcel y de construir en su lugar una escuela pública, un centro cultural, espacios verdes y viviendas. El 4 de octubre -finalmentese realiza un ensayo de implosión, que termina por ser postergado sobre fin de año y -posiblemente tras la crisis-, para mediados de 2002.

AÑO 2002: recién el 4 de noviembre vuelve a discutirse -al menos públicamente-el destino de la ex cárcel, con la firma de un convenio entre Eduardo Duhalde y el Gobierno porteño por el cual la Nación cede predios a la Ciudad, entre ellos la ex cárcel. No se habló de fechas. El 19 de diciembre, la Legislatura aprobó una ley de rezonificación de los terrenos para la ejecución de proyectos en el predio, entre ellos el del entonces diputado Jorge Giorno, que contemplaba en el lugar viviendas, escuela y comercios. Se prevé para 2003 -aunque sin exactitud de mes-la demolición.

AÑO 2003: el 1 de marzo se anuncia que comenzaron tareas para la futura demolición en 130 días, es decir, hacia el mes de junio. Se desmontaron cañerías, calderas, se procedió a la desratización y se demolió la parte administrativa. El 7 de noviembre se firmó un convenio entre el jefe del Estado Mayor Conjunto, Roberto Bendini, e Ibarra, para que el Ejército realice la implosión. Se anuncia para marzo de 2004 la primera dinamitación y el costo total de la obra se fija en $ 5.672.062. En diciembre, Bendini, Ibarra y el secretario de Obras y Servicios Públicos, Abel Fatala, presencian un ensayo de microimplosión.

AÑO 2004: la implosión, que se iba a efectuar en marzo, se posterga para abril por un cambio de funcionarios en la Secretaría de Infraestructura (Fatala - Roberto Feletti). El 19 de abril comenzaron los trabajos del Ejército: se anuncia como fecha de la primera tentativa para fines de agosto. Pero «una advertencia sobre un posible brote de bronquiolitis en la Ciudad y Nación hizo que se postergara para el primer sábado lluvioso de octubre», explicó Lía María, subsecretaria de Obras y Mantenimiento porteña. En tanto, hacia abril se presentó el primer amparo firmado por la ex legisladora Flores y un segundo amparo en mayo, de la Asociación de Trabajadores del Estado en la Sala 1 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, a cargo del juez Tracy, que lo desestimó.

AÑO 2005: la próxima fecha de implosión fue fijada para principios del año próximo -si la audiencia pública no dice lo contrario-, un verdadero desafío si se tiene en cuenta la cantidad de veces que se intentó (hasta ahora en vano) hacer desaparecer la gigantesca construcción.