Manifestantes pertenecientes a la CTA marcharon por distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires para reclamar por los serios incidentes ocurridos en la localidad jujeña de Libertador General San Martín, cuando en un violento desalojo murieron cuatro personas.
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Un grupo de los manifestantes se concentró este mediodía frente a la casa de la provincia de Jujuy en esta capital, ubicada en Santa Fe y 9 de Julio, mientras que otro sector protestaba en Corrientes al 400, donde se encuentra la sede del ingenio Ledesma, en cuyos terrenos se produjeron los disturbios el jueves pasado.
Esta situación generó severos problemas para los automovilistas que intentaban circular por la zona del microcentro porteño. Mientras tanto, la CCC anunció la realización de varias marchas simultáneas en Santa Fe, Chaco y Buenos Aires.
A raíz de estos episodios, el sábado a la noche se anunció que el jefe de la Policía, el comisario Jorge Ayarde, dimitió a su cargo, así como también el ministro de Gobierno y Justicia de la provincia, Pablo La Villa.
En tanto, en las últimas horas se produjeron nuevas tomas en la localidad jujeña de Libertador General San Martín, que incrementaron la crisis política y el estado de alerta en la zona.
Mientras crecen las tomas, el gobierno del peronista Walter Barrionuevo defendió el desempeño de la policía y dijo que las balas que dieron muerte a las cuatro personas no salieron de armas de la fuerza.
En un comunicado firmado por el flamante ministro de Gobierno, Hugo Echavarri, la administración provincial afirmó: "Las muertes no fueron provocadas por balas policiales".
"Hay evidencia que acredita que los ocupantes de las tierras utilizaron armas de fuego en contra el personal policial", dijo el funcionario y agregó que los investigadores incautaron tres pistolas "tumberas".
La atención estaba puesta, sin embargo, en las nuevas tomas que comenzaron el domingo a la madrugada y siguieron este lunes.
En tanto, los distintos grupos que había ocupado los terrenos aguardaban con expectativa la realización de la sesión especial convocada en la Legislatura jujeña, con el objetivo de crear una comisión investigadora y aprobar un proyecto que permite la expropiación de tierras.
Tras el desalojo de la semana pasada, decenas de familias tomaron un complejo habitacional construido por el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy, que estaban destinadas a los empleados de la empresa Ledesma, propietaria del predio en el que el jueves pasado murieron cuatro personas.
Ese complejo fue tomado por un grupo de mujeres, esposas de policías locales.
Además, otros grupos de docentes, trabajadores, municipales y profesionales se instalaron en un terreno lindero de unas siete hectáreas y en tierras que se encuentran en la entrada a Ledesma.
"Somos 700 familias las que estamos en este momento. Estamos esperando novedades sobre la Legislatura", explicó el docente Juan Córdoba en diálogo con Noticias Argentinas.
Córdoba, que integra el grupo que tomó el predio continuo a las viviendas construidas por el gobierno provincial, afirmó que en la toma existe un alto grado de "desorganización", ya que los asentamientos se colocaron el domingo a la madrugada por gente "autoconvocada".
"Esto es casi una pueblada, estamos en una situación extrema", dijo el docente jujeño.
Según señaló, los distintos grupos que tomaron tierras están a la espera de la ley que busca "expropiar terrenos del Libertador y de Pampa Blanca (otra ciudad jujeña, ubicada en el límite con Salta)".
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