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Así lo informó hoy el propio gobernador Jorge Busti, quien reafirmó que el Estado provincial "considera violados los principios establecidos en la Convención Americana de los Derechos Humanos, fundamentalmente en contra de los entrerrianos radicados en la ribera del río Uruguay".
El reclamo ante la CIDH será formulado por el mandatario provincial y por el vicegobernador, Pedro Guastavino, durante un viaje que ambos prevén realizar a Washington, donde se desarrollará la reunión anual de esta comisión.
Según lo anticipado hoy por el gobernador, la presentación se hará contra el Estado uruguayo por considerar que la instalación de las papeleras es violatoria de los derechos de los ciudadanos entrerrianos.
Junto con la presentación, Busti y Guastavino solicitarán una medida cautelar para pedir una investigación 'in situ' sobre los grados de contaminación que provocarían las papeleras que se prevén instalar frente a la ciudad de Gualeguaychú, en territorio uruguayo.
Las fábricas de celulosa que se construirán en Fray Bentos pertenecen a las empresas europeas Botnia y Ence.
La firma finlandesa Botnia obtuvo la autorización del ex presidente Jorge Battle para instalar en Fray Bentos una planta celulósica que producirá un millón de toneladas de celulosa al año y que -según se estima- podría iniciar la producción a mediados del año que viene.
Esta firma prevé una inversión de 1.200 millones de dólares y el proyecto contempla la instalación de una zona franca, ya aprobada, y una terminal portuaria que aún espera la habilitación correspondiente.
La otra empresa, perteneciente al grupo español Ence, se asentará en M'Bopicuá, dos kilómetros al norte de Fray Bentos y está fuertemente cuestionada por ambientalistas por daños ecológicos que habría causado en su país.
Esta empresa ya cuenta con una planta de chipeado y un puerto privado, y tiene en proyecto instalar una planta de celulosa que producirá 400 mil toneladas de pulpa al año.
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