22 de octubre 2007 - 00:00
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Se abrieron dependencias en todo el país para recepcionar las armas, y por su entrega el Gobierno dispuso un pago de entre 100 pesos y 450 pesos de acuerdo a la valoración de cada uno de ellas.
Con este programa, el Gobierno nacional busca avanzar hacia la modificación de la ley que regule la tenencia de arma de fuego.
Es por ello que una vez que finalice este plan y hasta que se envíe y trate la nueva norma en el Congreso Nacional, habrá una prórroga para la entrega voluntaria del arma pero "sin el pago del incentivo", aclaró Fernández.
"Después de este proceso, el que tenga un arma en su poder tiene que estar ajustado a la norma, tiene que estar apto y el arma reconocida por el Estado, el que no lo tenga así pagará con la pena de prisión como en cualquier otro país", enfatizó el Ministro del Interior.
En ese sentido, el funcionario contó que el objetivo una vez modificada la ley será que aquel que quiera tener un arma debe someterse y aprobar "exámenes de aptitud física y psíquica, demostrar el conocimiento ante profesionales del uso y manipulación del arma y justificar el ingreso fijo mensual".
"Si cumplen con estos requisitos básicos podrá tener el arma, pero no podrán portarla", especificó el titular de la cartera política.
"Vamos a hacer una Ley para que se penalice a aquel que tenga un arma que no esté reconocida por el Estado", insistió Fernández en una charla con la prensa luego de la reunión formal en la que se hizo el balance del programa.
Antes de retirarse, Fernández destacó un detalle del proceso de este plan: "Más del 90 por ciento de los que poseen armas son hombres, pero para su entrega pasó a la inversa; casi el 95 por ciento de los que dieron el arma para su destrucción fueron mujeres".
"Hay que convencerse de que tener un arma en la casa puede ser más perjudicial que beneficioso, ya que puede traer muchos problemas", cerró la charla Fernández.



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