Ponen fecha a ley para construir en Capital

La postergación de la fecha para que constructoras presenten «certificados de garantía» seguramente provocará malestar entre los vecinos que presentaron airados reclamos.

El Gobierno porteño dispuso que el 1 de julio del año próximo entre en vigencia la ley que exige a las compañías que quieran construir en cualquier lugar de la Capital que previamente obtengan los correspondientes certificados de las empresas de servicios para que no les falte a los edificios la infraestructura correspondiente.

Una medida -si se quiere generalizada- sobre el Decreto N° 220 que establece que en los barrios de Caballito, Palermo, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón y Coghlan las constructoras debían presentar certificados de AySA, donde se establezca fehacientemente que habrá agua y cloacas, en principio para toda la comunidad barrial.

Violencia

Esta era la resultante de un violento cruce entre vecinos y empresas constructoras que había comenzado con una simple protesta de los habitantes de esos barrios ante el creciente aumento experimentado por la construcción en esas zonas; hasta que el 13 de noviembre el jefe comunal Jorge Telerman suspendió las obras que se realizaban en esos cinco barrios, lo que se denominó «corralito urbano». Ante la insistencia de las constructoras, la Justicia dio lugar a un recurso de amparo presentado por vecinos de Caballito y ordenó a la comuna frenar permisos de torres que se estaban construyendo en 16 manzanas. De allí que el 28 de junio la Legislatura porteña aprobó una ley para que las nuevas obras debieran contar con un «certificado de garantía» que asegure agua, cloacas, luz y gas a toda la zona.

Sin embargo, la decisión (de acuerdo con lo que señala el Código de Edificación) indica que toda modificación a la ley que se realice en ese sentido deberá entrar en vigencia el 1 de julio del año siguiente al que fue aprobado. Es decir, que hasta esa fecha, las empresas constructoras estarán eximidas de respetar lo establecido en la ley y podrán concretar los proyectos pendientes sin cumplir con las exigencias del « certificado de garantía».