Ponen en práctica seguro ambiental obligatorio

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación junto con la cartera de Fianzas firmaron hoy una resolución conjunta en la que fijan las Pautas Básicas a las que deberán ajustarse las pólizas de seguro por daño ambiental de incidencia colectiva.

Ocurre que la Ley General de Ambiente (25.675) sancionada en noviembre de 2002, establece en su artículo 22 que "toda persona física o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente y sus elementos constitutivos, deberá contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiere producir".

Asimismo, según el caso y las posibilidades, "podrá integrar un fondo de restauración ambiental que posibilite la instrumentación de acciones de reparación".

De esta manera, "culmina el proceso regulatorio en materia de seguros ambientales comenzado por ambas dependencias a través de la Comisiona Asesora en Garantías Financieras Ambientales en marzo de este año, a fin de lograr un resultado viable tanto desde el punto de vista económico como ambiental", sostuvo la secretaria de Ambiente, Romina Picolitti.

Las aseguradoras, desarrollarán en su propio interés, un papel fundamental en torno a la prevención, a través de las auditorias de evaluación de riesgo que realizan como requisito previo para el otorgamiento de un seguro, a fin de calcular el costo de la prima, precisó Picolitti.

Además, de acuerdo a esta resolución, ninguna compañía podrá brindar cobertura sin antes cerciorarse que el asegurado haya adoptado medidas preventivas adecuadas para evitar que el siniestro ocurra.

Ni mantendrá su aseguramiento si el asegurado no adopta conductas ambientalmente responsables. De modo que las compañías aseguradoras y el Estado como tutor del bien ambiental colectivo perseguirán un mismo objetivo: evitar que el daño ambiental ocurra, y cuando no pueda evitarse, mitigar sus efectos nocivos.

Desde esa perspectiva, el aseguramiento de las actividades riesgosas, constituye una eficaz herramienta de control entre particulares que coadyuvará a la gestión ambiental, así como la prevención de la contaminación.
En la medida que exista una actitud verdaderamente responsable por parte del titular de una actividad riesgosa, podrá consolidarse paulatinamente una oferta de seguros amplia y sólida en el mercado.

"Por eso es que esperamos que los sectores involucrados hagan propia esta iniciativa que demanda la sociedad, para sumar en este esfuerzo por frenar la magnitud del daño al ambiente que todos los días generan nuestras actividades productivas", señaló la secretaria de Ambiente.

Y subrayó: "Se ha comenzado a instrumentar una norma indispensable para la protección del ambiente".