Un hombre que cumple una pena por homicidio reclama al Servicio Penitenciario una indemnización de 60 mil pesos por despido laboral, tras ser trasladado de la cárcel de Ezeiza, donde trabajaba en un taller, a la de Devoto, donde se le asignó una nueva tarea con distinto horario.
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Para hacer ese reclamo, el detenido apeló a la Ley de Contrato de Trabajo, que señala que ante un cambio en las condiciones laborales, el trabajador se puede considerar despedido y exigir ser indemnizado.
El demandante es Renzo Germán Ranieri, un hombre condenado a prisión perpetua por asesinar a un policía federal y herir a dos efectivos durante un asalto en Palermo, ocurrido en noviembre de 2000.
Ranieri, al ser trasladado a Devoto, fue asignado al sector panadería, donde arranca a trabajar a partir de las 3:00 de la madrugada. El reo, realizó una demanda a través de una presentación en la Justicia Laboral realizada por su abogado, Sebastián Tedeschi.
Exige una indemnización por el traslado de un penal a otro, que lo perjudicaría en sus tareas laborales que realiza en el ámbito carcelario.
El titular de la Procuración Penitenciaria de la Nación, Francisco Mugnolo, explicó que la situación se dio a partir de un fallo de la Cámara Penal en el que se aboga por una nueva legislación en torno al trabajo en la cárcel e indica que mientras no se establezca, el mismo debe ser regido por la Ley de Contrato de Trabajo.
"Algunos presos empiezan a decir: Bueno, si lo que está vigente entonces es la ley de contrato de trabajo, yo me atengo a lo que dice la ley y empiezo a pedir los derechos laborales que son genéricos para todo el mundo: retroactividad, vacaciones, etc . Se imagina todas las implicancias que eso trae de pedidos", dijo Mugnolo en declaraciones a la prensa.
El procurador admitió que en la actual coyuntura en torno al tema "está todo patas para arriba". La sentencia en cuanto al trabajo en la cárcel fue firmada por Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Pedro David, y recibió una catarata de críticas de diversos sectores.
En la resolución, se hizo lugar a un hábeas corpus mediante el cual un grupo de detenidos había pedido la equiparación de sus derechos laborales a los de las personas que están en libertad.
Ranieri fue condenado a prisión perpetua en septiembre de 2004 por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) número 20, acusado por matar al sargento primero Andrés Pascual Tamburella y herir al suboficial retirado Pedro Mario Nocera y al agente Raúl Alejandro Alvarez.
El hecho por el que fue juzgado ocurrió el 16 de noviembre de 2000, cuando Ranieri irrumpió con intención de cometer un robo, junto con cinco cómplices, en la confitería Selquet, en la esquina de la avenida Figueroa Alcorta y La Pampa. Los efectivos sorprendieron a la banda en plena acción y tras un intenso tiroteo falleció un policía y otros dos resultaron heridos.
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