La Cámara de Diputados ya aprobó un proyecto de ley de la peronista Mirta Pérez por el cual se prohíbe en todas las unidades penitenciarias del país el uso de telefonía celular por parte de quienes estén cumpliendo condenas o en calidad de procesados.
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La iniciativa, que ahora pasará al Senado, también establece que en caso de que los presidiarios utilicen teléfonos públicos o de línea pertenecientes a los establecimientos penitenciarios, las llamadas que realicen deberán ser grabadas para su eventual control. «Las líneas telefónicas referidas en el artículo precedente deberán contar con un sistema que permita al receptor de la llamada la identificación de la procedencia de la misma», agrega el proyecto tendiente a evitar los secuestros «virtuales» y « express» realizados por los presos desde la cárceles.
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