Todo el país afectado por las protestas gremiales

Como resultado de la última actualización salarial promovida por el gobierno federal, que dejó el mínimo, vital y móvil en $ 630, se potenciaron en las provincias los reclamos gremiales por aumentos de haberes, amén de las innumerables protestas que ya venían desarrollándose en reclamo de subas de sueldos.

Esta situación pone en graves aprietos a la mayoría de los gobernadores, ya que tienen que hacer equilibrio entre el mantenimiento de la gobernabilidad, concediendo las subas, y el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que fija metas de control del gasto a partir de este año. En todos los casos, los gobernadores aseguran, con lógica, que no se pueden comprometer a otorgar aumentos que después no estarán en condiciones de afrontar.

Lo paradójico del caso es que es la Casa Rosada la que por un lado -con sucesivos aumentos a estatales federales y privados desde 2004- da argumentos a los gremios del interior para seguir reclamando por salarios, pero, por el otro, pone límites por medio de la ley fiscal.

Esta situación da lugar a que gobiernos -oficialistas y no tanto- intenten aprovechar los aires populistas que impone el año electoral y pidan soluciones a la Nación para poder activar aumentos, ya sea a través de envíos de fondos especiales, algún tipo de perdón (« waiver») a la ley fiscal o modificando las características de la deuda pública provincial.

Varios gobernadores y ministros de Economía del interior ya manifestaron que «sin ayuda financiera de Nación, no se puede seguir otorgando aumentos salariales». En esta línea, el que más próximo se encuentra de recibir fondos es el riojano Angel Maza, que aguarda la llegada de unos $ 230 millones extracoparticipación que le permitirán activar una suba salarial.

En forma indirecta, la firma de los acuerdos bilaterales llamados Programas de Financiamiento Ordenado (PFO) 2005 también funciona como un alivio financiero para las provincias, activando el financiamiento federal de gran parte de los servicios de deuda de la provincia suscripta. En algunos casos, esto habilita la posibilidad de destinar fondos para salarios.

Cabe recordar que al PFO sólo acceden los distritos que hayan adherido a la ley fiscal, la cual entre sus artículos indica que no se permiten incrementos en los gastos corrientes -esto incluye salarios- que perjudiquen los gastos de capital o de aplicaciones financieras; así como que las subas del gasto sólo se autorizan ante un crecimiento de la recaudación provincial.

De aquí surge que otra de las ideas que estudiarían Nación y provincias es aplicar un perdón ante el incumplimiento de ciertas cláusulas de la ley, algo que significaría un pésimo comienzo para la herramienta sobre la que el FMI siempre hizo hincapié y que fue creada para tapar el bache de una demorada nueva Ley de Coparticipación Federal.

Veamos, en tanto, un panorama de la situación sectorial en conflicto por reclamos tanto en provincias como en Nación:

DOCENTES

Uno de los sectores más conflictivos del país está decidido a seguir complicando el ciclo lectivo 2005, con innumerables protestas y huelgas en la mayoría de las provincias. Así, por ejemplo, reclaman suba de salarios en Buenos Aires (ayer fracasó un principio de acuerdo con el ministro de Educación bonaerense, Mario Oporto), Santa Fe, Chaco, Neuquén, La Rioja, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza y Río Negro. En todos los casos, los maestros anticiparon que continuarán con los paros hasta que se efectivice un aumento en los sueldos básicos. Distinto, en cambio, es el caso de Neuquén. Allí los docentes suman al paro por mejoras salariales el rechazo al desalojo que la semana pasada realizó el gobierno provincial de una carpa blanca instalada frente a la gobernación. Como complemento de la protesta, mañana realizarán una movilización provincial a Casa de Gobierno e intentarán reinstalar la carpa. En el país, los docentes debaten en asambleas de base en cada seccional del gremio los mandatos que llevarán al plenario de secretarios generales para definir la continuidad de las medidas de fuerza.

SALUD

Un panorama similar al que se registra en la Ciudad de Buenos Aires con los hospitales públicos municipales y nacionales tiene su correlato en las provincias. Aquí, sin duda, el distrito más complicado es Neuquén, donde hace dos meses los trabajadores y médicos del sistema público de salud paralizan la atención hospitalaria de toda la provincia y sólo se atienden urgencias y guardias mínimas. Claro que si se atiende en particular la situación neuquina, no es difícil suponer que las protestas estén en gran parte motorizadas por sectores que responden al gobierno nacional, en virtud del enfrentamiento que el gobernador Jorge Sobisch mantiene con la administración central. De todas maneras, la situación es complicada más allá de interpretaciones políticas. El paro de ese sector seguirá esta semana con marchas en toda la provincia y cortes de ruta para profundizar el reclamo salarial, luego de que fracasó el diálogo con los funcionarios.

Otra situación muy delicada es la correntina. Los trabajadores de la salud agrupados en la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina anunciaron un paro total de actividades para el jueves en demanda de una recomposición salarial. En tanto, desde ayer y hasta ese día mantendrán una retención de tareas en distintos hospitales de la provincia, en el marco de un plan de lucha que tiende a profundizarse, también en demanda de mejoras en los salarios. Además, los médicos y el personal no médico enrolado en ATE provincias también desarrollan importantes protestas que incluyen paros en nosocomios de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Salta, Misiones y Chaco.

ESTATALES Y MUNICIPALES

Aunque sin duda, el mayor conflicto con trabajadores de municipios se registra en Santa Cruz (ver más abajo), otras provincias evidencian serios problemas con los trabajadores agrupados en ATE Municipios. Se trata de La Rioja, fundamentalmente en Chilecito, y en Tierra del Fuego. En todos los casos se incluyen tomas de edificios comunales.

También los empleados estatales de varias provincias organizan por estos días medidas de fuerza en reclamo de un aumento salarial. Por ejemplo, en Córdoba, el Sindicato de Empleados Públicos lanzó ayer un plan de lucha, que incluirá jornadas de protesta y movilización para el viernes 17 y 24. Aclaran que las negociaciones con el gobierno no se han interrumpido. No obstante, el gremio ratificó el estado de alerta y movilización.

JUDICIALES

Un sector menos problemático en cuanto a protestas y huelgas es el de los empleados judiciales, que pese a esta característica decidieron protagonizar un paro que arrancó ayer en Misiones por 72 horas y otro en Buenos Aires, que se inicia el jueves. En ambos casos, la protesta tiene por objeto exigir un aumento de sueldo y mejoras en las condiciones laborales. En el caso de Buenos Aires, los efectos del conflicto son aún más graves teniendo en cuenta la innumerable cantidad de expedientes y causas que aún esperan tratamiento judicial.

PESQUEROS

Desde el próximo 12 activarán medidas de fuerza los sindicatos de Conductores Navales de la República Argentina y de Obreros Marítimos Unidos; el Centro de Patrones Fluviales, Pesca y Cabotaje Marítimo y la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca.

Las protestas incluirán demoras en la zarpada de los buques fresqueros de altura por 96 horas en todo el país. El objetivo -aseguran- será convocar una Asamblea General Extraordinaria, para informar a todos los afiliados los alcances de una resolución firmada por el ministro de Trabajo, Carlos Tomada.

Según las fuentes, la convocatoria responde a «la reiterada negativa de la Cámara Argentina de Buques Pesqueros de Altura y la Cámara de la Industria Pesquera Argentina a cumplimentar con lo resuelto» por la cartera de Trabajo nacional.

SANTA CRUZ

En Santa Cruz, tierra natal de Néstor Kirchner, el gobernador justicialista Sergio Acevedo atraviesa un complejo escenario. Se trata de una escalada de protestas salariales de municipales iniciada hace más de dos semanas, fundamentalmente en el norte provincial, a la que luego se sumaron estatales.

Las medidas de fuerza, que incluyen la toma de comunas y el corte de rutas, tienen como epicentro a las localidades de Pico Truncado y Caleta Olivia, aunque ya se trasladaron a Río Gallegos.

El tenso terreno es seguido con preocupación por el Presidente, quien tras el éxodo de Cristina Fernández hacia la provincia de Buenos Aires ve tambalear aún más las posibilidades electorales del PJ provincial, que no cuenta con un candidato de peso para los comicios de octubre próximo.

Los manifestantes reclaman, entre otros ítem, la incorporación al básico de los $ 200 pesos otorgados este año por Acevedo en concepto de suba no remunerativa.

El mandatario ya aseguró que no está dispuesto a acceder a esa pretensión para «no hipotecar la provincia».

Aunque ayer, en el marco del inicio de un diálogo institucional con intendentes, confirmó que otorgó carácter de « permanente» a los 400 pesos no remunerativos otorgados por su gestión en los últimos dos años, que en principio quedaban sujetos al aporte por regalías petroleras. Además, consideró que el conflicto « comenzó a resolverse».

A este complejo entramado se suma el enfrentamiento que el Ejecutivo santacruceño mantiene con la empresa pesquera Barillari SA, la mayor generadora de mano de obra en la provincia (fuera del Estado).

El tironeo incluye la denuncia de la empresa acerca de un supuesto pedido de coimas por parte del gobierno provincial para el otorgamiento de permisos de pesca, que ya Acevedo, en contraataque, llevó a la Justicia.

CHUBUT

En el caso de Chubut, la provincia que gobierna el justicialista Mario Das Neves debió afrontar recientemente, y durante 37 días, una protesta salarial de trabajadores pesqueros que llegó a paralizar, con matices, la actividad del sector en los puertos de Puerto Madryn, Rawson y Trelew.

Las medidas de fuerza -que incluyeron piquetes y graves actos de intimidación contra empresarios- fueron motorizadas por el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, que apuntó sus planteos a la Cámara Argentina Patagónica de la Industria Pesquera.

Los activistas reclamaban, entre otros ejes, una suba salarial de 100%. Finalmente, el 20 de mayo pasado se acordó con los trabajadores de las plantas procesadoras una recomposición del orden de 65%, por lo que los salarios más bajos del sector industrial se ubicarán cerca de los $ 1.200 mensuales, mientras que la garantía por falta de materia prima alcanzará una cifra en torno a los $ 1.000.

Según fuentes empresariales, las pérdidas sólo en el caso del puerto de Puerto Madryn superan los $ 20 millones -con miles de toneladas de pescado que se pudrieron-, mientras que la normalidad en el sector recién se retomaría en los próximos días.