Un transporte militar A400M del Reino Unido protagonizó un incidente en el Atlántico Sur tras realizar una trayectoria sospechosa hacia las Islas Malvinas. El vuelo, que según registros satelitales pudo haber ingresado sin autorización en jurisdicción argentina, generó fuertes cuestionamientos por la nueva opacidad del trayecto y el silencio de las autoridades competentes.
El seguimiento aéreo indica que el avión con matrícula ZM413 llevó a cabo el vuelo RRR4000 desde Mount Pleasant hacia Montevideo el 12 de abril. Luego se le programó una nueva salida desde la capital uruguaya bajo el vuelo RRR4001, de acuerdo al medio Escenario Mundial,
Poco después de partir desde Uruguay, el avión interrumpió la señal que permite a los controladores civiles identificar su posición y rumbo. Esta desconexión del transpondedor ocultó el avance de la aeronave en los monitores habituales, transformando un vuelo rutinario en un movimiento sospechoso que captó de inmediato la atención de los especialistas.
Debido a esto, la traza del vuelo evidencia un posible ingreso ilegal en espacio aéreo bajo control argentino. Lejos de ser una anomalía menor o un ajuste operativo, la maniobra se presenta como una violación directa a los procedimientos de vuelo. Para los expertos, el hecho fue interpretado como una provocación y como una falta grave en materia de navegación internacional, por el contexto político y militar en el que se produce.
Qué dijeron las autoridades respecto al incidente en el Atlántico Sur
El silencio inicial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina intensificó la repercusión del incidente. Al momento de hacerse pública la denuncia, el Gobierno aún no había fijado una postura oficial ni brindado explicaciones sobre la presunta incursión de la aeronave británica.
Sin embargo, la exembajadora Alicia Castro fue una de las figuras que alzó la voz ante el suceso, calificando lo ocurrido como una situación de “extrema gravedad”. Castro criticó duramente la inacción del Gobierno nacional y subrayó la urgencia de una respuesta estatal frente a movimientos que puedan leerse como una violación de la soberanía o como un avance en la infraestructura logística del Reino Unido en las islas.
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