Abogados a la Justicia porque viola Constitución

Cristina Kirchner

La controversia por la reforma del Consejo de la Magistratura va ahora a los estrados judiciales. Ayer una babel ideológica de abogados promovió una «acción declarativa de inconstitucionalidad» para evitar que el consejo de jueces se convierta en un apéndice del gobierno de Néstor Kirchner.

La intención de los abogados es que el Poder Judicial le envíe un mensaje al Legislativo advirtiéndole que el proyecto promovido por la senadora Cristina Kirchner va contra la Constitución. Y que si alcanza la jerarquía de ley, entonces ese instrumento jurídico se convertirá en un amparo que obligará a los jueces a declarar la inconstitucionalidad de la norma que ya recibió la sanción del Senado pese a la objeciones de los mismos jueces.

La acción declarativa conjuntafue motorizada por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos y la Asociación de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Las entidades llevaron el caso a la Justicia con el patrocinio de sus propios presidentes, Lucio Ibáñez, Roberto Durrieu y Horacio Acebedo, respectivamente, quienes rubricaron el escrito en un acto público en el que estuvieron presentes Carlos Andreucci, de la Federación de Abogados; miembros del Consejo de la Magistratura; del Jurado de Enjuiciamiento, y el presidente del Colegio de Abogados de San Isidro.

El recurso plantea dos cuestiones: la inconstitucionalidad de la Ley 24.937 y su correctiva, la Ley 24.939, de creación y organización del Consejo de la Magistratura.

• Inconstitucional

Y un cuestionamiento al proyecto de la primeradama que reduce de 20 a 13 la cantidad de miembros, además de quitarle representación proporcional a jueces, abogados y académicos.

Un fallo que declara inconstitucional la actual ley significaría la paralización del Consejo de la Magistratura y obligaría al Congreso a la sanción de una nueva norma, modificando la composición del Consejo.

Esto porque los abogados entienden que las directivas contenidas en el artículo 114 de la Constitución -que versa sobre el equilibrio que debe existir entre los estamentos representados- no se han visto cabalmente reflejadas en la Ley 24.937 y en la Ley 24.939, que impuso una representación imperfecta, que no refleja en su composición el equilibrio entre los sectores que lo deben integrar.

«El artículo 114 no resuelve cuántos políticos, cuántos jueces o cuántos abogados se requieren, ya que sólo se refiere a la necesidad de 'equilibrio', requisito que no se halla reflejado en las leyes que tradujeron el texto constitucional y definieron, con un alto grado de discrecionalidad, su significado, advirtiendo que la necesidad de independizar la designación y remoción de los jueces de toda influencia política no se encuentra reflejada en el actual consejo», apunta el escrito.

De este modo, los abogados exigen que su representación se vea reflejada en la composición del cuerpo y también en las comisiones, porque aseguran están en desigualdad frente al bloque político y el de los jueces.

Sobre la «ley Cristina» girada a Diputados -se cree podría ser tratada y sancionada la semana próxima- sostiene que uno de los mayores vicios constitucionales que contiene la modificación es en el número de integrantes, «a la par que se reserva para el poder político la hegemonía para designar y remover a los magistrados, reasumiendo facultades que fueron expresamente limitadas por la reforma constitucional de 1994».

• Denuncia

En el escrito de unas cuarentapáginas, el gremio de los abogadosdenunció que la pretendida reforma escondela clara intención de dominar las decisionesque adopte el cuerpo.

En ese sentido, apuntaron que en la ley vigente el sector más representado es el político, ya que a los ocho legisladores se le suma el representante del Poder Ejecutivo, pero no detentan la mayoría, ya que suman en total 45%. De esta manera, aun cuando se pusieran todos de acuerdo, no lograrían los votos necesarios para definir una decisión.

Pero la reforma proyectada disminuye el número de miembros, y no es proporcional para los distintos sectores que integran el Consejo. «Los políticos sólo bajarían de nueve a siete (tres senadores, tres diputados y un representante del Poder Ejecutivo), logrando 53,87%, lo que supone un número suficiente para sesionar con quórum propio y la posibilidad de resolver sobre todas aquellas cuestiones que no requieran mayoría especial», afirman los abogados.

En una trascendental coincidencia, Ibáñez, Durrieu y Acebedo, compartieron la expresión de que el proyecto de la primera dama « amenaza la libertad» y que se trata de «un golpe muy fuerte a la división de poderes».