Absurdo proyecto alivia más las penas para delitos graves

El que robe con violencia, secuestre, mate en riña, viole, cometa homicidio culposo, provoque lesiones dolosas graves, torture, estafe, defraude en todas su modalidades, porte armas de guerra o falsifique dinero, no irá a la cárcel si se aprueba el proyecto de ley que envió al Congreso el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jorge de la Rúa, hermano del Presidente. A estos delitos, que tienen una pena máxima de 6 años y hasta ahora se castigaba a quien los cometía con prisión, se les dará el beneficio de la "probation". Es decir, los delincuentes podrán hacer trabajos comunitarios para no ir a la cárcel. Este beneficio era hasta ahora para delitos menores con condenas de hasta tres años. Este insólito proyecto oficial dice que estos trabajos comunitarios son "una pena aleccionadora" para estos delincuentes. La medida se toma para "no acumular expedientes", según los considerandos de la iniciativa que facilitará la vida de los delincuentes. Quien haya robado con violencia o violado ahora tendrá como pena barrer una plaza o trabajar en un hospital. Otra medida que apunta a crear más inseguridad y premia a delincuentes.

El gobierno envió un proyecto de ley al Congreso que, si se aprueba, extenderá el beneficio de la llamada «probation» a quienes roben con violencia, secuestren, torturen, maten en riña, cometan homicidio culposo, lesiones dolosas graves, estupro, supresión de identidad, abigeato, estafa, defraudación en todas sus modalidades, quiebra fraudulenta, tenencia de armas de guerra y falsificación de instrumentos públicos, entre otros.

La «probation», cuyo nombre correcto es «suspensión del juicio a prueba», permite que un reo cumpla su condena con trabajos comunitarios, por ejemplo, sin ir a la cárcel.

• Ventajas

Hasta ahora el beneficio se aplicaba a delitos cuyas condenas no excedían tres años de cárcel. Por encima de ese plazo, el condenado debía cumplir la pena en prisión, no era excarcelable.

Pero ahora, si se aprueba el proyecto que enviaron Chrystian Colombo, jefe de Gabinete; y Jorge de la Rúa, ministro de Justicia y Derechos Humanos, además de hermano del Presidente, los delincuentes lograrán más ventajas. Tendrán una justicia más benévola que les impondrá tareas comunitarias para compensar sus asaltos, estafas, homicidios, secuestros, etcétera.

Los considerandos del proyecto asombran. La medida se toma para que «no se comprometa el funcionamiento de los tribunales inferiores por la acumulación de efectos a todas luces indeseables: aumento del número de expedientes; retardo de justicia; selección irracional de las causas por la vía de la prescripción y falta de tiempo y energía para concentrarse en los casos más graves».

Más adelante dice que la «probation» les impondrá a los delincuentes «reglas de conductas aleccionadoras a observar por un tiempo». Resulta difícil imaginar que quien asaltó y golpeó con un revólver u otro elemento causando lesiones graves se regenere porque debe limpiar un paseo público o colaborar en un hospital algunas horas semanales. Ese sujeto sigue en libertad y nada le impide volver a delinquir.

En su artículo más polémico, el proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo al Congreso señala: «Artículo 76 bis.- El imputado por delito o delitos de acción pública reprimidos con pena privativa de la libertad de hasta 6 años podrá solicitar la suspensión de la persecución penal a prueba cuando pudiere corresponderle condena de ejecución condicional. Podrá asimismo solicitarla cuando la eventual pena consistiera en inhabilitación especial temporal, sea como principal o accesoria».

Otro dato. En medio de la crisis económica más grave de la Argentina, este proyecto alivia de penas a estafadores, a quienes provoquen quiebras fraudulentas y a falsificadores.