Aceptan renuncia a jueza "amiga"

Carlos Kunkel

El martes último, la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura decidió promover el proceso de juicio político contra dos jueces: María Emilia García y Felipe Terán.

El caso de García -titular de un juzgado en lo contencioso administrativo- es de sumo interés. Está sindicada por algunos amigos del poder, como «la jueza que trabajaba para el almirante». Carlos Kunkel, el comisario político del kirchnerismo en el consejo de jueces, fue quien reclamó que García sea suspendida en su cargo y destituida en un juicio político, por haber administrado los negocios de Emilio Massera. Eso habría ocurrido cuando la ahora jueza recién iniciaba su carrera en el mundo del derecho.

Kunkel logró el respaldo de un trío de consejeros que decidieron sostener la acusación y llevarla a plenario para que la totalidad de los integrantes del cuerpo vote por mantener a García en el cargo o suspenderla. Sin embargo, los intentos de Kunkel por desprenderse de Su Señoría chocaría con un poder mayor: el de los Kirchner.

Sucede que la jueza habría presentado su renuncia una semana antes de que se concretara la acusación de Kunkel. Y -se afirma- que el gobierno se la aceptaría rompiendo la tradición que inauguró cuando llegó al poder. Es decir, rechazar la dimisión de un juez sometido a juicio político y sobre todo si está vinculado con presuntas violaciones a los derechos humanos. Siempre los puso en la picota de la destitución.

Intervención

Pero el caso de García es especial. Tan especial que habría movilizado la intervenciónde agrupaciones de derechoshumanos que habrían pedido por la jueza.

Hay tres ejemplos emblemáticos que muestran con rigurosidad científica cómo actuó el gobierno de Kirchner en ocasiones parecidas al caso García: Juan José Galeano (AMIA), Ricardo Lona ( masacre de Palomitas) y Tomás Inda (masacre de Margarita Belén).

Galeano no había sido siquiera citado a indagatoria por el consejo de jueces cuando presentó su renuncia. Kirchner no se la aceptó pese a los ingentes esfuerzo de Miguel Pichetto en procurar una salida más digna que la destitución para un juez que investigó durante 10 años la peor tragedia argentina.

Lona fue acusado de no haber investigado denuncias de torturas realizadas por presos políticos y de no haber investigado el traslado de doce detenidos que supuestamente fueron fusilados en la localidad salteña de Palomitas. Episodio ocurrido durante el gobierno militar, y conocido popularmente como Masacre de Palomitas. El camarista salteño fue sometido a un jury de enjuiciamiento pese a que había presentado su dimisión. El jury lo sobreseyó y lo repuso en el cargo. Indignado, el Ejecutivoreaccionó aceptándole la renuncia.

El presidente de la Cámara de Resistencia, Tomás Inda, fue acusado de «mal desempeño» por liberar a once militares acusados de participar en la masacre de Margarita Belén, durante el presunto fusilamiento de 22 presos políticos. Por esa imputación Inda fue sacado de la Corte de conjueces que debía resolver la destitución de Antonio Boggiano. El camarista chaqueño presentó su renuncia en pleno proceso de juzgamiento, pero no le fue aceptada hasta que el jury no dio su veredicto. Como el jurado de enjuiciamiento lo absolvió y lo restituyó en su cargo, el gobierno hizo valer la dimisión.

A la jueza García se le imputa haber funcionado como accionista de Will Ri, la sociedad a la que traspasaron las tierras de Chacras de Coria robadas por la Armada a tres empresarios mendocinos en 1977. Según la acusación, antes de asesinarlos en los sótanos de la ESMA se creó una organización para permitir que las propiedades tras sucesivos cambios de titularidad fueran a parar a manos de Massera. García es hermana de Graciela García Romero, quien fue secuestrada por la Armada con posterioridad al golpe de Estado 1976 y poco tiempo después de estar detenida comenzó, supuestamente, a trabajar a las órdenes del almirante.

Kunkel utilizó 68 carillas para describir la actividad de la jueza García en la época del proceso y acusar a la magistrada de escudarse en el secuestro de su hermana, militante montonera, para encubrir su participación en las presuntas maniobras fraudulentas. Y consideró probado que la magistrada hoy cuestionada participó en los trámites notariales de constitución de una de las sociedades intermediarias -Will Ri SA-entre Cerro Largo SA y Misa Chico SA.

«Cuando mi hermana Graciela es detenida en el año '76, como toda familia en aquel momento, no teníamos la menor idea ni de donde estaba, ni si estaba muerta,ni si estaba viva, ni qué arma había sido la que la había detenido; con lo cual resulta realmente ridículo suponer que yo hice todo esto para salvar la vida de mi hermana... La historia que se cuenta, la historia por la cual yo le salvo la vida a mi hermana realmente es burda. Vuelvo a repetir, yo no sabía si mi hermana estaba viva en el momento en que yo ingreso a hacer la práctica», alegó en su momento García.

«A la participación junto a los genocidas de la última dictadura militar se suma el hecho de intentar eludir su responsabilidad ante este Consejo de la Magistratura y de obstaculizar la investigación, aportando a la causa versiones contradictorias que no contribuyeron -sino más bien dificultaron- el conocimiento de los hechos acaecidos durante la última dictadura militar», escribió Kunkel en su acusación aprobada el martes.