Ahora parece que vendrá una avalancha judicial contra la ex cúpula de la Fuerza Aérea por el caso del tráfico de droga a España vía Southern Winds. Esa sería la consecuencia de un informe que suministró el Ministerio de Defensa, preocupado en esta instancia por una serie de anormalidades administrativas que ocurrían en el pasado. Hasta se habla que esa pesquisa en tribunales podría culminar con la eventual detención de quien fuera jefe de la institución, el retirado brigadier Carlos Rohde, ex hombre de confianza del presidente Kirchner hasta que explotó el episodio de la cocaína y él lagrimeó cuando lo despidieron.
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Este es un curso probable, también una forma de que otras autoridades trasladen responsabilidades propias. Es lo que deberán hacer, ante otra anomalía que hoy mismo se registra en la fuerza limpiada de jefes. Ocurre que la solución de disolver la Policía Aeronáutica Nacional, colocándola en rigor bajo las órdenes de un civil dependiente del Ministerio del Interior quizás genere una situación ilegal sin precedentes. La política, en ocasiones, culmina en estas desventuras cuando sus dirigentes buscan desvíos apresurados.
Es que si bien la dotación de la que hasta hace poco fue la PAN se constituye con personal civil de inteligencia --conocidos con la sigla PCI en los servicios de ese rubro-, y en consecuencia no tienen estado militar ni están sometidos al código y la justicia militar, sí están mandados por oficiales y suboficiales en actividad de la Fuerza Aérea. Aquí, entonces, viene la paradoja cuando menos: estos uniformados, por la Ley de Defensa Nacional, tienen prohibido hacer inteligencia interior, ocuparse del narcotráfico y de funciones en la seguridad interna (salvo que se establezca una situación de emergencia por decreto de Estado de Sitio).
• Consejo
Esta nueva anomalía jurídica y militar fue advertida por el sucesor de Rohde en la Aeronáutica, brigadier Eduardo Schiaffino, a quien sus colaboradores inmediatos (los otros brigadieres) le aconsejaron replegar el personal de la fuerza en actividad que ahora quedó a las órdenes de un civil (Marcelo Saín) y en la esfera del Ministerio del Interior. Claro que si Schiaffino procedía a derecho y retiraba oficiales y suboficiales de la jefatura de los 1.350 agentes civiles de la ex PAN, automáticamente se hubiera producido un caos debido a que el nuevo instituto imaginado por el gobierno carece de cuadros jerárquicos y, naturalmente, le llevará tiempo formarlos. Presto, entonces Schiaffino -apenas un experto tirador de fusil, helicopterista, lo que es un hecho inédito en la Aeronáutica y hombre ascendido a brigadier a instancias de Kirchner, no por consejo de la fuerza-recurrió a la Casa Rosada, se supone que a través de la vía del Ministerio de Defensa (aunque ya ésa en ocasiones es una vía muerta, apelan a otros ministerios más influyentes) para advertir sobre la irregularidad (también, quizás, por su temor a ser denunciado). La respuesta: hay que mantener el personal en actividad de la Fuerza Aérea cumpliendo funciones policiales, ya se le encontrará explicación jurídica a lo que en apariencia no la tiene.
Mal ingreso para Schiaffino, aunque impensable para él, quien todavía analiza la propuesta de un colega de armas: hacer una presentación judicial advirtiendo que el personal militar bajo la tutela de Marcelo Saín está infringiendo la Ley de Defensa Nacional. Una forma, tal vez, de evitar posibles enjuiciamientos futuros. Mientras, el contrasentido político y la anormalidad jurídica se manifiestan en los aeropuertos, cuyo control es ejercido por oficiales y suboficiales de una ex Policía Aeronáutica venida de repente a la civilidad.
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