Cámara admite polémica nulidad de punto final

Rodolfo Canicoba Corral

Una semana después del «mea culpa» de la Armada, la Sala II de la Cámara Federal resolvió confirmar ayer la prisión preventiva del ex vicealmirante Oscar Montes acusado de torturas en una causa relacionada con dos jóvenes que fueron detenidos ilegalmente en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

De esta forma, la Cámara de Apelaciones ratificó la medida que en octubre pasado dictó el juez Sergio Torres contra el ex marino, en uno de los primeros fallos que salieron del tribunal luego de que el Congreso anulara las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

• Evaluación

En los tribunales federales de Comodoro Py, cobra cuerpo la sensación de que será esta la posición final que adoptarán los jueces que llevan las denominadas megacausas contra los militares. Quien estaría próximo a emitir una señal parecida sería el magistrado federal Rodolfo Canicoba Corral, a cargo de la causa del Primer Cuerpo de Ejército.

La postura de los jueces de primera instancia y las definiciones de la Cámara Nacional de Apelaciones comenzaron a ser evaluadas en ámbitos de la Justicia como «toda una definición» porque implicaría que la Cámara Nacional de Casación Penal se volcaría a respaldar la nulidad de las «leyes del perdón» dispuesta por el Congreso y así dejar expedito el camino para que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie en ese sentido.

Este viraje en la opinión de los cortesanos -que en 1987 declararon la constitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final- tomaría forma con el ingreso al Supremo Tribunal (si prosperan las candidaturas) de Carmen Argibay y de Elena Highton de Nolasco, que junto a Eugenio Zaffaroni sumarían los apoyos necesarios para que la Corte convalide el voto del Congreso.

El caso Prats, el general chileno asesinado en Buenos Aires, sería el «leading case» que marque el nuevo rumbo de la Corte. Suena el rumor, en el cuarto piso del Palacio de Tribunales, que los jueces Santiago Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Antonio Boggianio y Zaffaroni habrían anticipado verbalmente que están dispuestos a convalidar una condena a prisión perpetua por este crimen que fue calificado por María Servini de Cubría como de lesa humanidad. De esta forma, el gobierno de Néstor Kirchner se asegurará una misma línea de sintonía entre los tres poderes del Estado.

Todas estas cuestionen vienen a adornar el fallo que ayer sacó la Cámara de Apelaciones. En rigor, era previsible que la Sala II (Eduardo Luraschi, Martín Irurzun, Horacio Cattani) adoptara esta posición. Ya en setiembre de 2001 los camaristas habían sentado precedente cuando declararon la invalidez e inconstitucionalidad de las «leyes del perdón» convalidando el criterio que en este sentido tuvo el juez Gabriel Cavallo en el que se declaró la nulidad de las dos leyes en la causa de Héctor Simón («el Turco Julián») y Juan Antonio del Cerro («Colores»).

De acuerdo con las constancias del expediente, a Montes se lo responsabiliza por la aplicación de torturas a los jóvenes Sergio Bejerman y Laura Rebonat ti, que permanecen desaparecidos.

La mujer fue secuestrada en 1976 en su domicilio de la bonaerense localidad de Martínez y trasladada al campo clandestino de detención que funcionaba en la ESMA, donde fue «engrillada, torturada y picaneada».

Bejerman, por su parte, fue secuestrado en el domicilio de unos familiares en el barrio porteño de Constitución y trasladado a la ESMA, donde permaneció «encapuchado y engrillado» mientras era sometido a sesiones de «picana».

Montes -quien ya cumplía prisión preventiva por su responsabilidad en otros 34 hechos- fue el titular del Grupo de Tareas durante el período comprendido entre el 20 de enero de 1976 y el 30 de mayo de 1977.

Al resolver la confirmación de su procesamiento, los camaristas Irurzun y Luraschi señalaron que el ex jefe naval, «por su ubicación en la cadena de mandos de la Armada, implementó la ejecución de órdenes ilegales y tenía el dominio de los hechos».