Caso Febres: ¿y si cambian información por pena menor?

Nelson Mandela

«Se están muriendo sin decirnos la verdad», fue el lamento del abogado de uno de los querellantes en causas por violaciones a los derechos humanos, al conocerse la noticia de la muerte -asesinato o suicidio asistido- de Héctor Febres en su lugar de detención, cuatro días antes de recibir sentencia por delitos cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada.

Sobrevivientes de la represión y familiares de las víctimas, así como sus abogados, creían posible que el subprefecto fallecido, que estaba detenido desde 1997, utilizara su derecho a hablar antes de ser condenado para revelar datos y eventualmente incriminar a otras personas. Se suponía que, por su rol de enlace entre la Prefectura y la Armada de 1977 a 1982, podía conocer el destino final de muchos desaparecidos y, en particular, de niños nacidos en cautiverio. Enrique Fukman, sobreviviente de la ESMA, se quejó por «el pacto de silencio entre los oficiales de la Armada» y Rodolfo Yanzón, abogado querellante en el caso Febres, señaló que esta muerte tenía un mensaje claro: que nadie hable.

Estímulo

Pero, ¿qué se ha hecho hasta ahora para quebrar ese pacto de silencio? ¿Qué estímulo hay para que los imputados en estas causas revelen datos? Una lógica elemental indica que, quien sabe que lo que diga será usado en su contra, tiende a callar. Además, el único «arrepentido» de estos años, Adolfo Scilingo, ex capitán de fragata, está en España condenado a 1084 años de prisión y el principal efecto de sus confesiones ha sido sumar espectacularidad a la muy mediática carrera del juez Baltasar Garzón.

Por otra parte, hay entre nosotros demasiados argentinos sin tumba, demasiadas familias que no pueden honrar a sus muertos y muchos niños apropiados que no han recuperado aún su identidad, como para minimizar el valor de la información no revelada.

En marzo de 2006, Claudio Tamburrini, doctor en filosofía radicado en Suecia desde que tuvo que exiliarse durante la dictadura, planteó en un artículo la necesidad de reflexionar sobre la finalidad de los juicios iniciados en el país.

Difícilmente, podía ser el arrepentimiento, puesto que los imputados ni siquiera admiten la comisión de delitos. En cuanto a la disuasión de reincidir, ésta depende más de factores históricos y políticos: afortunadamente no existe hoy en el país riesgo de quiebre institucional.

Por lo tanto, y considerando que «todavía se ignora el destino final de muchas de las víctimas», Tamburrini proponía evaluar la posibilidad de priorizar el conocimiento de la verdad por sobre el castigo a los culpables. Y ponía el ejemplo de Sudáfrica, país que vivió décadas de apartheid y sangrienta represión racial. En 1994, Nelson Mandela, líder de la lucha contra ese régimen, llegó a la presidencia. Pese a haber pasado 27 años en la cárcel, eligió el camino de la reconciliación. Instituyó una Comisión de Verdad y Reconciliación, ante la cual comparecieron 8.000 represores. Los que confesaban sus delitos podían acogerse a una amnistía. Los que no, serían juzgados. Esto permitió esclarecer todo lo sucedido durante los años de vigencia del apartheid. Pero fundamentalmente cimentó la transición de un régimen de segregación a una sociedad libre y democrática.

En el año 2003, Desmond Tutu, ex arzobispo anglicano de Sudáfrica, presentó el informe de la Comisión, diciendo: «Hoy celebramos nuestra liberación de las horribles cadenas y las viciosas injusticias de un terrible sistema», para iniciar una nueva era de «perdón y reconciliación».

Mandela pudo conducir este proceso por la autoridad que le confería el haber sido él mismo víctima del régimen al que ahora perdonaba. Renunció a la revancha en nombre de un ideal superior: la unidad nacional. También Claudio Tamburrini habla desde su condición de víctima: en 1977 fue secuestrado, padeció tortura y pasó 120 días en un centro de detención clandestino hasta que logró fugarse. Su historia fue llevada al cine.

Advertencia

Tamburrini concluía su reflexión con una advertencia: «La ausencia de una discusión amplia sobre los fines de las medidas penales contra militares acusados de violar los derechos humanos» podría hacer que «una reivindicación en principio justa y necesaria» llegase a ser concebida, «en particular por las nuevas generaciones, como una simple política revanchista sin razón ni fundamento, defendida solamente por quienes ya integran el círculo de iniciados».

Poco antes de asumir la presidencia, el pasado lunes 10 de diciembre, Cristina Fernández de Kirchner fue notificada de la muerte del ex prefecto, noticia que, según sus asesores, «le cayó muy mal». La expectativa de coronar su primera semana de gestión con una condena ejemplar en una causa de alto impacto mediático explica esa desilusión, a la vez que instala la sensación de que se prioriza la utilización política de los juicios. Lo mismo sucede ante el insólito pedido hecho por uno de los abogados de que los jueces dicten sentencia «post mortem» contra Febres, en lo que constituiría un caso insólito, pues la ley -aquí y en el mundo- establece que la muerte del imputado extingue la acción penal.

Amnistía, indulto y perdón son palabras desterradas del habla oficial. Pero alguna alternativa habrá que buscar, antes de que sea tarde, si en verdad se le atribuye valor a la información retenida por los procesados.

En definitiva, se impone la reflexión, en particular para los más concernidos por estos temas, acerca de las modalidades y finalidades de los juicios, salvo que, antes que saber, al «círculo de iniciados» sólo le interese tener política.