22 de septiembre 2003 - 00:00

Cede Senado y avala la candidatura de Zaffaroni

El gobierno confía en completar la Corte a mediados del mes que viene, con la incorporación de Eugenio Zaffaroni, que se acelerará este jueves en el Senado.

De esta manera, el máximo tribunal contará con nueve ministros en condiciones de fallar sobre la constitucionalidad de la Obediencia Debida y el Punto Final, entre otros temas, entre esa fecha y fines de noviembre, cuando se definiría la destitución de Eduardo Moliné O'Connor.

La táctica del Ejecutivo, consensuada con Jorge Busti (PJEntre Ríos) -dueño de la llave de la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta-, consiste en desechar las impugnaciones que se analizarán dentro de 72 horas para cumplir con las formas y convocar la audiencia pública en el cuerpo con el reemplazante del renunciado Julio Nazareno el segundo jueves de octubre (si bien los cálculos más optimistas señalan que esta sesión podría realizarse el lunes 6).

Salvo algunas excepciones -radicales, menemistas y provinciales, dispuestos a manifestar su disconformidad con la promoción de Zaffaroni-, varios justicialistas que se oponen al ex juez tomarán licencia por enfermedad sobre la fecha en que deba llevarse al recinto el diploma para no tener que votar en contra del presidente de su propio partido, que designó al polémico jurista. Aun cuando la convalidación senatorial ni siquiera se discutió en el bloque PJ.

•Resistencia

En la comisión, Busti cuenta con aliados de peso para acelerar el trámite, de acuerdo con lo conversado con Cristina Fernández de Kirchner. José Luis Gioja, el neuquino Sergio Gallia y el formoseño José Mayans han demostrado de manera acabada su lealtad hacia Olivos.

Podrían encontrar cierta resistencia en los radicales Horacio Usandizaga, Jorge Agúndez y Carlos Prades, así como los peronistas críticos Sonia Escudero, Angel Pardo, Eduardo Menem y Carlos Verna, más el renovador salteño Ricardo Gómez Diez, que también integran Acuerdos.

El trámite de impugnaciones que se renueva ahora en el Congreso ya logró sortear la etapa previa que se extendió durante 30 días desde el anuncio de Néstor Kirchner sobre la intención de ubicar a Zaffaroni en la Corte hasta el envío del pliego a la Cámara alta.

Busti adelantó la semana pasada que Zaffaroni podría recibir el aval parlamentario a mediados del mes que viene, no obstante que el cronograma original -elaborado en comisiónestaba fijado para la misma época, pero de noviembre. De haber seguido con el schedule original, el ascenso del penalista se hubiera producido casi en simultáneo con la remoción de Moliné, actualmente en la etapa de sentencia, en el mismo órgano legislativo.

Tras la cita de Acuerdos del jueves, Zaffaroni será notificado de las objeciones que fueron aceptadas (la intención oficial es que sean rechazadas todas) y dispondrá de tiempo hasta el 2 de octubre para hacer el descargo correspondiente. Así las cosas, entre el lunes 6 y el jueves 9 se llevaría a cabo la
audiencia pública con la habilitación de 200 plazas para quienes quieran participar. Será necesario anotarse con anterioridad para asegurarse lugar en el salón.

En cuanto a Moliné, dentro de 7 días, la defensa tendrá que contestar las acusaciones por los cargos Meller, Macri y Magari-ños. Los senadores, mientras tanto, analizan los expedientes que elevaron los diputados de la Comisión de Juicio Político. Aun cuando nadie se atreve a manifestarlo en voz alta -son miembros de un tribunal y podrían ser recusados por prejuzgamiento-, se sabe que muchos de ellos dudan sobre la viabilidad de destituir a Moliné por cargos tan endebles, basados, fundamentalmente, en el contenido de sus fallos.

En ese sentido,
no habría que descartar alguna negociación entre los sectores en disputa para facilitar el acuerdo a Zaffaroni, a cambio de postergar la definición sobre Moliné. Esta sospecha llevó a que los diputados, liderados por el peronista tucumano Ricardo Falú, ya hayan elevado a la presidencia de la Cámara baja un nuevo dictamen con reproches a estrenar contra el ex vice de la Corte. En este caso, se lo acusa de haber presionado a testigos durante el enjuiciamiento contra el noneto de ministros que alentó y desactivó Eduardo Duhalde en 2002.

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