Citación a 500 ex militares abre la puerta a privatización judicial

Jorge Rafael Videla

El gobierno y el Poder Judicial comenzaron esta semana a preparar el terreno para reaccionar ante la citación más grande de militares y ex militares a los tribunales de Justicia desde la anulación de las leyes de punto final. Ocurrirá en los próximos días en Mar del Plata, en donde un juzgado local tiene previsto convocar a más de 500 integrantes en actividad y en retiro de la Marina de Guerra para que declaren en los llamados juicios «de la verdad» sobre lo que tengan que decir acerca de delitos ocurridos durante la represión clandestina de las guerrillas entre 1976 y 1983.

Esos uniformados son parte de los 3 mil que pasaron por la Base Naval Mar del Plata y los jueces quieren escucharlos en la modalidad de los llamados «juicios por la verdad», procesos creados con el propósito de que testigos de aquellos hechos cuenten lo que saben con un propósito testimonial.

Esos juicios, sin embargo, han perdido ese carácter desde la anulación por el Congreso de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final, que eran la base de la naturaleza testimonial de esos juicios. Desde esa anulación -que aún no cuenta con el aval de la Corte Suprema de Justicia-, cada testimonio que se escuche puede desencadenar nuevos procesos a los presuntos responsables.

Esta posibilidad hace que los convocados por la Justicia de Mar del Plata sean sometidos a la rutina de la citación con la amenaza a los remisos de ser llevados por la fuerza pública. Como ya ocurrió en situaciones similares, los militares citados que se nieguen a declarar -algo probable sin la protección de las leyes anuladasserán detenidos para someterlos a un período de reflexión que suele durar un fin de semana. Si persisten en la negativa a declarar, son liberados sin más trámite.

La novedad de la anulación de las leyes pone estas citaciones bajo nueva luz, y más cuando se habla de más de 500 que se producirán de a tandas de 100 por semana, antes de fin de año. La posibilidad de que algunos de los citados sean imputados de delitos crea la necesidad de que haya la cantidad suficiente de abogados defensores para atender a tamaño lote. Se les atribuye a mandos de la Armada haber comunicado que esa fuerza no apelará -como ocurrió en la década de los años '80- a la contratación de estudios jurídicos, algo que, se presume, sí hará el Ejército. ¿Quién defenderá a esos marinos? Lo normal es que reclamen el patrocinio de alguno de los 187 defensores oficiales que dependen de la Defensoría General de la Nación, uno de los brazos del ministerio público, que tiene la misma jerarquía de la Procuración General de la Nación, que coordina la tarea de los fiscales.

La Argentina tiene prevista en su sistema jurídico esta figura del defensor oficial que debe asistir a quien no pueda o no quiera pagarse un abogado de manera que un juicio no se paralice por falta de una de las partes. Muchos ex militares y ex funcionarios procesados han apelado a defensores oficiales, que los paga el Estado y, además, tienen fama de ser muy competentes. Los casos más conocidos son Perla Martínez de Buck, patrocinante de María Julia Alsogaray, o de Carlos Tavares, que defendió siempre al ex militar Jorge Videla. Otro de los procesados emblemáticos que se hicieron defender con cargo al Estado es el terrorista Enrique Gorriarán Merlo, asistido por Carmen María de la Vega.

Tamaña cantidad de militares citados, sin embargo, pondrá en crisis el sistema mismo de defensores, por la escasa cantidad de profesionales disponibles (187 para todo el país). El defensor general de la Nación, Miguel Angel Romero, enfrenta además una corrida de excusaciones de algunos de los defensores oficiales que piden, por razones de incompatibilidad de intereses o por motivos de conciencia, no atender defensas de ex militares acusados de violar los derechos humanos.

Esto ha motivado un endurecimiento de las relaciones entre Romero y algunos defensores luego de que el primero dictase una resolución exigiendo que cada excusación deberá ser fundada con pruebas. Los excusados han rechazado esa exigencia como abusiva.

Esa queja -que compromete a unos 50 defensores-reduce el lote de los disponibles a los 137 restantes, todos ya ocupados en defensas que van desde los ex comandantes hasta el juicio del peluquero «Miguelito» Romano. Al sistema de defensoría oficial se le abren alternativas, ninguna de las cuales es tranquilizadora:

• Un grupo de ONG dedicadas al derecho -y ninguna creada para defender a militares-se acercó a la Defensoría Oficial ofreciendo la firma de un convenio por el cual esas organizaciones se harían cargo de acercar abogados dispuestos a cumplir la tarea en casos de emergencia. Hoy, para ser defensor, se exige un acuerdo del Senado -como a los jueces y fiscales-, previa presentación a un concurso. Estos convenios con las ONG se parecen mucho a una privatización de la Justicia que esas organizaciones critican para otros rubros de la actividad pública.

• También los colegios de abogados de la Capital Federal y de algunas provincias han propuesto convenios similares, pero con una diferencia. Los colegios acercarían abogados jóvenes y con ganas de iniciarse en el oficio para desempeñarse como defensores oficiales a cambio del cobro de un bono mensual (se habla de $ 300) a cargo del Estado. Una especie de sistema de pasantías que roza la privatización,

• Otro expediente es que el Congreso sancione una ley que les permita a los secretarios de las defensorías asumir el trabajo de los defensores. Eso posibilitaría designar, bajo un estatuto de emergencia, unos 25 defensores más.

• También está el recurso a la licitación de las defensas, un sistema similar al que usa el Ministerio de Economía para asignar algunos procesos rematándolos en el mercado de los estudios jurídicos. Sería una innovación muy difícil de explicar esto de defensores reclutados a mejor precio por el Estado y, quizá, sujetos a condiciones de pliego poco gratas para los defendidos.

Finalmente, queda el expediente que nadie quiere emprender hasta ahora, que es un llamado masivo de concursos para proveer cargos nuevos en la medida en que sean necesarios. Eso debería figurar en el nuevo Presupuesto -no figuraa partir de un compromiso del gobierno con una solución, que es donde este entuerto alcanza su grado mayor de viscosidad. En efecto, ¿quiere el gobierno, que es el que confecciona el Presupuesto y debe asegurarle los medios a la Defensoría, tener un compromiso estrecho con una solución? Si eso es así, ¿asegurará defensores imparciales a estos militares a los que el gobierno considera los testimonios de una época oprobiosa? ¿Querrán los militares ser defendidos por patrocinantes elegidos bajo la presión del gobierno y de la opinión pública?

Néstor Kirchner quiso abrir el primer frente de conflicto con los militares en el terreno de la revisión de los delitos producidos en la represión clandestina de la insurgencia de los años '70 como si fuera un actor más de una polémica. Le llega el momento de ponerse el traje de gobernante en este asunto donde todos los actores -procesados, víctimas, jueces, fiscales, defensores y público- son iguales ante la ley y, además, contribuyentes que sufragan todo de su bolsillo.