Corte: deciden diputados si enjuician a Boggiano

Antonio Boggiano

La Comisión de Juicio Político de Diputados dará hoy el primer paso para acusar por presunto mal desempeño a Antonio Boggiano, uno de los jueces de la Corte que parecía excluido de la lista de futuros enjuiciados. Tal cual adelantó este diario, la embestida del Congreso se hace, por ahora, para cumplir las formas y no discriminar a este ministro que firmó los mismos fallos que derivaron en cargas versus el destituido Eduardo Moliné O'Connor y los renunciantes Julio Nazareno, Guillermo López y Adolfo Vázquez: Meller, Macri y Dragonetti de Román.

Pero todavía falta un debate a fondo en el bloque PJ, donde no está claro que exista voluntad y determinación de seguir cortando cabezas en el máximo tribunal, mientras falta cubrir la vacante que dejó Vázquez, considerado -a ojos del gobierno- como el último animador de la denominada « mayoría automática» menemista, y Carmen Argibay -la reemplazante de Moliné- permanece en la Corte Penal Internacional que juzga los crímenes de la ex Yugoslavia, en La Haya, y postergó así la jura en la cúpula del Poder Judicial que sesiona con 7 ministros.

Néstor Kirchner, ya se sabe, bajó al Parlamento la orden de que no avancen sobre más magistrados. Sin embargo, nada puede hacer para frenar la actividad en ese sentido en Juicio Político. Ricardo Falú y sus amigos del oficialismo (el más virulento de todos, el diputado Gerardo Conte-Grand) y la oposición (UCR, ARI y socialismo) se juramentaron a completar la faena, especialmente en el caso Meller (que consideran el más sólido y que sirvió de excusa para que los senadores aprobaran por 2/3 la expulsión de Moliné), lo cual garantizaba, tarde o temprano, abrir el sumario contra Boggiano. Por las dudas, este expediente será el último que aborden los diputados, de acuerdo con el orden del día fijado.

• Carpetas o archivos

Desde las 11, Falú presidirá la sesión de juicio político que servirá para archivar carpetas que podrían haberse usado contra Vázquez, en el supuesto de que el Ejecutivo no hubiera aceptado su dimisión. Se supone que, durante el mismo cónclave, desestimarán denuncias contra el presidente de la Nación, a raíz de la polémica por los casetes con escuchas del atentado a la AMIA y por la ola de inseguridad.

A contrario sensu, habrá progresos en los reproches que pesan contra el jefe de los defensores oficiales, el riojano Miguel Angel Romero, último mohicano desde origen en la más alta jerarquía de Tribunales.

El presidente de la Comisión de Juicio Político confirmó que «se van a analizar todas las pruebas recibidas, que superan el centenar, y allí se determinará si corresponde diseñarlos cargos o disponer el archivo» del expediente.

Si los diputados de la comisión creen que tienen los elementos para formular el capítulo de cargos -lo cual parece casi un hecho-, se estima que esta misma semana estarán en condiciones de enviar a Romero las acusaciones en su contra y citarlo para fin de mes o los primeros días de octubre de cara a que formule su descargo.

Romero, un funcionario designado durante el gobierno de Menem, tiene dos pedidos de juicio político impulsados por la diputada frepasista (transversal) Nilda Garré y el defensor ante los tribunales orales de la Capital, Hilario Lagos, quien además presentó una demanda penal en contra de su jefe.

Respecto de la designación de personal ya se han «recolectado cuarenta pruebas» y otro tanto con los cargos que se le achacan. Según trascendió, la comisión pedirá al Tribunal Oral N°3 una copia del reproche realizado contra Romero por haber entorpecido de modo indebido supuestamente la causa penal contra el ex magistrado Carlos Branca.

Juicio Político abrió una investigación en marzo pasado sobre la conducta de Romero, pero recién ahora terminó la recolección de pruebas con lo cual se podrá avanzar en una definición sobre este pedido de enjuiciamiento contra el funcionario. En el pedido formulado por Hilario Lagos, los cargos principales formulados contra Romero son «falta de idoneidad» para ejercer esas funciones, «violencia moral», « administración fraudulenta» e irregularidades en la designación de personal y en la administración del presupuesto del organismo público. Otra imputación formulada, en este caso por Lagos, es que Romero habría indicado a los subordinados no hacer una defensa adecuada, sino realizar a los «testigos cuatro preguntas tontas, en los alegatos cuatro pavadas, para cumplir pues los imputados vienen todos condenados».