Un elíptico llamado de atención resultó el fallo que ayer emitió la Corte Suprema y que estuvo dirigido a la Cámara de Casación Penal. En una sentencia que reunió medio centenar de páginas, el supremo tribunal aconsejó a sus subordinados «agotar su capacidad revisora» antes de rechazar un caso.
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Sin tecnicismos jurídicos (de los cuales Carmen Argibay se queja pero los utiliza), el pronunciamiento significa una tácita reprimenda: trabajar más.
Los cortesanos llegaron a esta conclusión luego de analizar un planteo presentado por la defensa de un joven que fue condenado por un tribunal oral a 5 años prisión por robo calificado por el uso de armas.
• Rechazo
Ese expediente, caratulado «Casal Matías y otro» llegó al Tribunal de Casación, pero éste rechazó la queja porque entendió que la defensa pretendía modificar la calificación del delito. Por lo tanto, consideró que no correspondía realizar un nuevo examen de las pruebas que fueron la base de la sentencia del tribunal oral.
A juicio de los defensores, el criterio aplicado por Casación resultó «arbitrario» y violatorio de los derechos de defensa, así como también a la revisión de fallo condenatorio ante un tribunal superior, previsto en los tratados internacionales.
Ayer, al tomar el caso, la Corte Suprema aprovechó para abofetear a los camaristas de Casación. Les recordó que el origen de ese tribunal de alzada es garantizar el estricto y celoso cumplimiento de la voluntad política expresada en la ley. Y, además, que constituye la vía a la que todo condenado puede recurrir en virtud del derecho que consagran la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
De esta manera, sostuvo que al rechazar el caso, la máxima Cámara Penal « restringió el alcance del recurso de casación», ya que no se avocó a tratar las cuestiones planteadas por las partes. Esto es, la validez de la construcción de la sentencia del tribunal oral y sus fundamentos.
La Corte interpretó que no existían fundamentos que le impidieran a Casación examinar la sentencia y el valor de la prueba.
El fallo, que contó con el voto de los siete ministros que están en actividad, es una expresión promocionada desde hace más de una año de transformar a la Corte Suprema en un cuerpo de control sólo de temas constitucionales. La pretensión es que a esa instancia lleguen no más de 400 casos anuales, como ocurre en Estados Unidos, donde hay un sistema similar al argentino.
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