Cromañón: funcionarios vs. Chabán y la Policía

Dos ex funcionarios del Gobierno porteño acusados de homicidio culposo por la tragedia ocurrida el 30 de diciembre pasado en el local República de Cromañón centraron responsabilidades ayer en la Policía, en el joven que habría disparado la pirotecnia y en Omar Chabán -el encargado del local que se encuentra detenido- por las 193 muertes ocurridas.

Lo hicieron en escritos presentados al juez Julio Marcelo Luccini. Se trata de Gustavo Torres, el ex director general de Fiscalización y Control, y de su jefa, la ex subsecretaria de Control Comunal Fabiana Fiszbin, ambos citados para ser indagados. La ex funcionaria, además, arremetió duramente contra el defensor adjunto del pueblo, Atilio Alimena, a quien acusó de mentiroso y de haber contado con información que le hubiera permitido clausurar boliches que no contaban -como Cromañón al momento de la desgracia- con el certificado de bomberos que habilita las condiciones de seguridad contra incendio.

Torres, citado para ser indagado, optó por declarar por escrito, y su defensor, Carlos Cruz, pidió el sobreseimiento.

En principio, la defensa de ese ex funcionario se fundó en la corta permanencia en el cargo, que habría asumido a fines de octubre del año pasado, en reemplazo de Ana Fernández, quien quedó como adjunta y debe ser indagada mañana. Torres dejó dicho en la presentación que jamás vio antecedentes de Cromañón durante su gestión y que el hecho lo determinó «una conjunción perversa de pirotecnia, puertas cerradas y exceso de cantidad de gente». La defensa consideró que esas responsabilidades, a su criterio, «son de incumbencia contravencional». Con eso apunta a la Policía, que no habría controlado esas infracciones, y a la Justicia contravencional de la Ciudad de Buenos Aires.

Fiszbin, citada para hoy, no se negará a declarar, según aseguraron sus abogados, Marcelo Fainberg y Jorge Anzorreguy (h), pero, tal como anticipó este diario, ayer presentó un escrito con explicaciones.

«Soy totalmente y absolutamente ajena al hecho delictuoso que en autos se investiga, y que los reproches que se me infieren me obligan a ser parte en la desventura inmerecida -al menos para mí- de este proceso judicial», aseguró la amiga de Vilma Ibarra, quien niega que la hiciera llegar a ese cargo.

La ex subsecretaria manifestó, además, que «muchos de los ahora denunciantes, más allá del interés jurídico por la verdad, tienen un interés político».

La ex funcionaria se refirió a «la práctica burlona de Chabán y de sus secuaces o por la desidia o corrupción de agentes de la Policía Federal» y que los responsables de la Dirección General de Fiscalización y Control «son los que, en definitiva, tienen a su cargo no sólo la inspección de República de Cromañón, sino también la de todos los locales», en referencia al área que comandaron Ana Fernández primero y Torres más tarde.

«El incendio podría haber ocurrido seis, cuatro o dos meses antes, con la plena vigencia del certificado de Bomberos. Sólo hubiera servido como excusa pública o como argumento de defensa mediática, pero los resultados trágicos habrían subsistido. En definitiva, un certificado vigente de bomberos hace presumir que las condiciones de prevención contra incendios están bien, pero no impide que se enciendan bengalas, que haya incendios ni que se clausuren las puertas de emergencia», asegura en su defensa la ex subsecretaria.

En letras mayúsculas, Fiszbin le resaltó al juez que «las 193 muertes fueron provocadas y causadas por la bengala, el humo y la criminosa clausura de las puertas de evacuación».

En los puntos sobresalientes de su defensa, Fiszbin asegura:

• que no tenía a cargo las inspecciones ni de clausuras;

• que el ingreso indebido de mayor cantidad de público que el habilitado debió ser controlado por personal de seguridad del local y/o por la Policía Federal Argentina;

• que la indebida clausura de la salida de emergencia pudo y debió ser controlada por los agentes de la Policía presentes en el lugar;

• que República de Cromañón no necesitaba un permiso especial para efectuar recitales. En momentos en los que el grupo Callejeros brindó recitales en locales que así lo requerían, se cumplió cabalmente la normativa vigente;

• que resulta imposible que el Estado controle todos los establecimientos comerciales al mismo tiempo y a toda hora;

• que el defensor Atilio Alimena tenía información de los locales Clase C con certificado de incendio vencidos y nada hizo;

• que el fiscal realiza afirmaciones carentes de prueba y, lamentablemente, incursiona en consideraciones políticas ajenas al objeto procesal de esta causa.