Aun se desconoce si el juez de instrucción Marcelo Lucini citará y cuándo al alcalde porteño Aníbal Ibarra. Pero ha dado señales claras de que su juzgado quiere indagarlo por la muerte de 194 personas. Uno de esos indicadores tiene que ver con el llamado a indagatoria de Juan Carlos López. El ex cuñado de Ibarra era el secretario de Seguridad y Justicia cuando ocurrió la tragedia en el boliche de Once.
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Además de López -deberá concurrir a los tribunales el 7 de setiembre-el juez citó al responsable del área de Espectáculos Públicos, Juan Carlos Sánchez, y al ex jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Seguridad, Juan Carlos Loupías, quien ya había sido indagado, aunque luego se le dictó la falta de mérito.
•Imputación
Es poco probable que el juez Lucini se incline por imputarle a López el delito de presunto homicidio, como lo hizo con la ex subsecretaria de Control Comunal Fabiana Fiszbin y otros cuatro ex funcionarios que fueron acusados de presuntos «coautores de homicidio culposo agravado» y embargados en 20 millones de pesos. Más bien le imputará hechos, aunque el pronunciamiento del juez dependerá de lo que diga el propio ex funcionario y las pruebas que existan en su contra.
Las distintas querellas que representan a los familiares de las víctimas había solicitado en varias oportunidades que se llame a indagatoria a López. Incluso esperan que el próximo paso del juez Lucini sea citar como imputado a Ibarra. Una cuestión que podría estar atada a una definición en el proceso de juicio político.
Quien se mueve en paraleloa las decisiones de Lucini, es el defensor del empresario Omar Chabán. El abogado Pedro D'Attoli acudió ayer a la Cámara del Crimen para fundamentar los motivos por los cuales, a su criterio, debe cambiarse la actual carátula de la causa de homicidio simple con dolo eventual por la de presunto «estrago culposo seguido de muerte», delito que prevé una condena de cinco años de cárcel.
Según el defensor «lo que sucedió el 30 de diciembre fue una serie de errores, negligencias, torpezas e imprudencias que terminó en la muerte de casi doscientas personas», aunque «está claro» que su cliente «no tuvo la menor intención de matar».
El trámite, conocido como «memorial», incluyó también el reclamo de que se deje sin efecto el procesamiento por cohecho activo dictado a Chabán. Es que la defensa no está de acuerdo con los argumentos del juez Lucini, quien entendióque Chabán pagaba coimas a la Policía para que no ejerciera con rigor los controles en el local del barrio porteño de Once.
• «Zona liberada»
En su presentación, D'Attoli subrayó que los policías de la Comisaría 7ª, con jurisdicción en la zona, no debían controlar el interior de la discoteca sino «la vía pública aledaña», por lo que «carece de sentido» suponer que se les pagara « dinero alguno».
Sin embargo, el juez Lucini consideró que la noche de la tragedia existió una «zona liberada» y asegurado tener probado que el comisario Rubén Díaz recibía dinero de manos del empresario Chabán.
Para fines de esta semana probablemente Lucini esté en condiciones de resolver la situación procesal de los Bomberos de la Policía Federal, a los que indagó por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública.
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