Cromañón: prepara el juez proceso para 20 implicados

El caso Cromañón tendría un primer desenlace antes de fin de mes, cuando el juez Julio Lucini dicte varios procesamientos. Esa medida podría alcanzar a un grupo de 15 a 20 personas, entre los que se encuentran ex funcionarios del Gobierno porteño.

Ayer, un careo agresivo entre la ex subsecretaria de Control Comunal y el defensor adjunto del pueblo agregó citaciones a la causa que en estos momentos descubre una puja interna de tal magnitud dentro de lo que era el área de inspecciones, que unos a otros se acusan hasta de robo de carpetas.

En el expediente ya declararon 57 inspectores, que deslindan responsabilidades hacia diferentes jefes de operativos.

Además de la subsecretaria de Control Comunal, Fabiana Fiszbin, imputada por presunto homicidio culposo en 193 casos, Lucini completará en el transcurso de esta semana y la próxima una lista de seis ex funcionarios a los que llamó a indagatoria. El magistrado lleva por un lado el expediente que investiga quiénes fueron los culpables y los responsables de la tragedia ocurrida el 30 de diciembre, y otro en el que trata de descubrir si existió una asociación ilícita.

Hasta ahora los investigadores buscan en el seno del gobierno de Aníbal Ibarra, si existieron actos de corrupción que permitieron que el boliche República Cromañón funcionara sin estar debidamente habilitado y con el certificado de prevención contra incendios vencido.

«Sos un mentiroso, sos un mitómano», le gritó ayer, delante del juez, Fiszbin al defensor adjunto del pueblo, durante el careo. La ex subsecretaria niega que el funcionario le haya hecho llegar un listado de 180 locales nocturnos supuestamente en infracción y lo acusa de haber tenido facultades para llevar adelante él las clausuras y no haberlo hecho.

«No voy a permitir que me diga eso», reprochó elevando el tono durante un contrapunto que obligó al juez a intervenir para pedir mejores modales. «Yo la entiendo a la ex funcionaria, está ejerciendo su legítima defensa», ironizó el ombudsman a la salida del careo.

En definitiva, el contrapunto que duró menos de dos horas no agregó más que confusión. El momento más controvertido fue cuando Fiszbin negó haberle dicho a que no se clausuraban los locales porque «no había decisión política». Fiszbin pidió que el juez haga declarar como testigo a una ex asesora de la ex funcionaria ibarrista que habría estado durante esa conversación. De esa reunión también participó un asesor de Alimena, quien le dijo al juez que recordaba las palabras que utilizó la ex subsecretaria en ese momento, pero que «dio a entender» que no había « decisión política».

«Me molestaron algunas cosas, por agresivas, pero la respeto porque imputada por homicidio en 193 casos hay que estar en el pellejo, le cabe la responsabilidad pero ella formaba parte de la administración», dijo Alimena a quien el defensor de Fiszbin, Marcelo Fainberg, pidió al juez que le leyeran las penas por falso testimonio.

«Vos me tendrías que haber mandado los listados de bomberos», replicó Fiszbin.

«Cómo usted no los va a tener», retrucó Alimena.

Los próximos ex funcionarios que podrían ser citados en la búsqueda del juez por encontrar quiénes fueron los responsables de dejar que el local bailable funcionara sin habilitación, serían el ex subsecretario de Seguridad Enrique Carelli y su segundo, Juan Loupias.

«La defensoría tiene atribuciones para controlar», dijo ayer Fiszbin a Alimena.

«Si tengo que hacer eso, que desmantelen el gobierno», devolvió el defensor.

Mañana habrá otro careo. Esta vez será entre la psicóloga Fiszbin y quien fuera su segunda, Ana Fernández, una ex funcionaria ligada al legislador Jorge Giorno. Fernández en su indagatoria dijo que no tenía responsabilidades sobre los controles nocturnos en la Ciudad y Fiszbin le quiere responder ante el juez, pero además en el expediente constaría una declaración producto del sumario administrativo que lleva en el Gobierno porteño la procuradora Alejandra Taddei. Esa declaración de una persona del área de legales aseguraría que vio cuando Fernández, antes de dejar su cargo, se habría llevado carpetas y en ellas, según la defensa de Fiszbin, estarían intimaciones para hacer inspecciones a locales clase C, como era Cromañón.

También habrá un careo, el lunes, entre el ex director operativo de inspecciones Cozzani y Fernández, ya que también sus dichos se contradicen.

Antes de que regrese a su despacho la jueza Ana María Crotto, el 3 de mayo, Lucini tiene previsto resolver los procesamientos que él comenzó, que además de seguir la línea del organigrama porteño está profundizando en las funciones de la Policía de la Comisaría 7ª aquella noche, cuando se vendieron más cantidad de entradas de las que permitía la capacidad del local, se obstruyó la salida y se ingresó con pirotecnia, tres faltas de las que no habrían tenido información los jueces contravencionales.