D'Elía puede ser detenido

El peronismo bonaerense no quiere ser el que canonice al piquetero Luis D'Elía ni el que habilite a miles de desocupados lanzados a las calles pidiendo por la liberación de su líder, ni que haya escraches en las puertas del Parlamento bonaerense y mucho menos crear un nuevo Raúl Castells, dando discursos desde la cárcel. Por eso, evitará pronunciarse sobre el pedido de desafuero del juez Jorge Urso. Con un argumento simple, pero contundente: la inmunidad de arresto del diputado y cacique piquetero rige para la provincia de Buenos Aires, pero no es válida para la Capital Federal. Por lo tanto, el juez ya podría haber detenido a D'Elía, si hubiese querido. Esquivará, de este modo, también expedirse sobre otros 53 casos de pedidos de desafuero de legisladores.

Piqueteros encabezados por D'Elía provocaron destrozos en la Comisaría 24a, de La Boca, que tomaron tras el asesinato del dirigente Martín Cisneros.

El jueves por la noche, los mandamás del bloque peronista de la Legislatura bonaerense comenzaron a dibujar el plan que dejará al juez Jorge Urso las manos libres para proceder a la detención del piquetero kirchnerista Luis D'Elía, por el copamiento de la Comisaría 24ª de La Boca.

El PJ está dispuesto a sostener la teoría de que la Cámara de Diputados bonaerense no debe expedirse sobre el pedido de desafuero del líder de la Federación Tierra y Vivienda (FTV). Simplemente, porque la inmunidad de arresto del piquetero rige para la provincia de Buenos Aires. Como el delito se cometió en la Capital Federal, Urso no necesita de ningún pronunciamiento legislativo para encarcelar a D'Elía, ya que sus fueros no son válidos para esa jurisdicción.

Esta especie de «normas del proceder» fue definida en una discreta reunión, realizada en un despacho de la Legislatura en la cual participaron varios dirigentes del oficialismo local, alineados al duhaldismo.

• Salida

Es una salida elegante que adoptara el Parlamento bonaerense, siempre dispuesto a mantener su doctrina de «no entregar a nadie». En esa Cámara de Diputados no existen antecedentes de un legislador al que le hayan suspendido su inmunidad desde 1983, y no será el piquetero D'Elía el que inaugure un hecho histórico.

Además, con este silencio, los legisladores provinciales evitan una catarata de pedidos de desafueros (53 en total) de jueces distritales, que pretenden avanzar sobre algunos diputados sospechosos de corrupción y de estar involucrados en ilícitos de distinto calibre.

«Desaforarme sería abrir las puertas del infierno», gatilló como advertencia D'Elía. El cacique de la FTV trabajará poco, pero conoce los códigos que se manejan en la Legislatura de Buenos Aires. Por eso, se ha reservado los nombres de los diputados sobre quienes supuestamente pesan pedidos de desafuero, para lanzarlo si su suerte es grela. Y D'Elía es un amante del escándalo.

El futuro del diputado « piqueblando» tendrá un principio de desenlace el miércoles, cuando se reúna la Comisión de Asuntos Constitucionales para analizar los cinco cuerpos del expediente que Urso envió para sustentar el pedido de desafuero.

Esa comisión está comandada por el platense Carlos Bonicato y será la encargada de emitir un dictamen aconsejando rechazarlo o darle curso. Una vez cumplido este trámite, el desafuero deberá ser tratado en una sesión ordinaria en la que se necesitarán dos tercios de los votos de los legisladores presentes para aprobarlo.

Como sucede en toda discusión interesada, hay legisladores que defienden la tesis de que Urso no tiene necesidad de pedir el desafuero para indagarlo o procesarlo, porque D'Elía en su condición de diputado sólo tiene inmunidad de arresto. En ese caso, el juez deberá esperar hasta el final del mandato del piquetero como legislador (diciembre de 2005) para ordenar su detención, a no ser que sea reelecto para un nuevo período. O que D'Elía prefiera postularse a diputado nacional.

• Doctrina

Una vertiente distinta se aferra a una doctrina de la Corte Suprema, que sostiene que un legislador no puede ser perseguido; y otra, que el piquetero ni siquiera puede ser citado.

También se acude al artículo 97 de la Constitución Provincial que establece que los diputados y senadores «no podrán ser detenidos por ninguna autoridad, sino en caso de ser sorprendidos en la ejecución flagrante de algún crimen, dándose inmediata cuenta a la Cámara respectiva».

Sobre D'Elía, el juez Urso tiene varios videos que lo muestran «fogoneando» y no, precisamente, pacificando la toma de la seccional policial porteña.

Pero la tesis que más adeptos reúne y que se impone es que D'Elía ya podría ser detenido, porque los hechos sucedieron en Capital Federal y no en provincia.

Según Bonicato, si la Cámara rechazara el pedido de desafuero, no debería interpretarse como un triunfo de la «impunidad», sino como una «extensión temporal de la posibilidad del juez de proseguir». Expresiones de deseo que no encuentran su correlato en la realidad política.

Si ocurriese que los diputados aceptan embarcarse en la discusión sobre los fueros de D'Elía, no habrá pronunciamiento por largo tiempo. Los legisladores están más interesados en tratar el Presupuesto, antes de que termine el año, que sumergirse en este espinoso tema.