Diputados van contra jefe de los defensores

Ricardo Falú

La Comisión de Juicio Político de Diputados retomará esta semana la «renovación» de Tribunales, tras una impasse en materia de embestida contra ministros de la Corte (a pedido del Ejecutivo, si bien en el bloque PJ hay sectores que insisten con seguir el descabezamiento con Antonio Boggiano en 2005). A imagen y semejanza de la exclusión de jueces identificados con la denominada «mayoría automática» menemista, ahora el proceso de destitución seguirá con el jefe de los defensores oficiales, el riojano Miguel Angel Romero, quien sobrevive a los gobiernos desde la administración de Carlos Menem.

Tal cual se preveía, el oficialismo avanzará sobre este puesto, a fin de completar los cambios que se iniciaron en el máximo tribunal -en el cual Néstor Kirchner incorporó 3 magistrados (Eugenio Zaffaroni, Elena Highton de Nolasco y Carmen Argibay) y dispone de una vacante, la que abandonó recientemente Adolfo Vázquez-, con escala en la Procuración General de la Nación. Salió Nicolás Becerra -nominado para la Corte del Mercosur-, e ingresó Esteban Righi, nuevo jefe de los fiscales.

La embestida contra el defensor general de la Nación todavía está verde, aunque se acelerará en las próximas semanas como consecuencia de la eyección de Vázquez y el trámite de enjuiciamiento que quedó trunco en el Congreso, merced al cual Ricardo Falú y compañía ahora tienen tiempo para dedicarle a Romero.

• Estudio

El proceso demandará un nuevo capítulo, a partir de mañana, cuando los diputados de Juicio Político retomen el estudio de las denuncias que obran en la comisión por supuesto «mal desempeño» en el ejercicio de las funciones. El jueves que viene Falú y sus amigos se juramentaron repasar los documentos reunidos. El presidente de la Comisión de Juicio Político confirmó que «se van a analizar todas las pruebas recibidas, que superan el centenar, y allí se determinará si corresponde diseñarlos cargos o disponer el archivo» del expediente.

Si los diputados de la comisión creen que tienen los elementos para formular el capítulo de cargos -lo cual parece casi un hecho-, se estima que esta misma semana estarán en condiciones de enviar a Romero las acusaciones en su contra y citarlo para fin de mes o los primeros días de octubre de cara a que formule su descargo.

Romero, un funcionario designado durante el gobierno de Menem, tiene dos pedidos de juicio político impulsados por la diputada frepasista ( transversal) Nilda Garré y el defensor ante los Tribunales Orales de la Capital, Hilario Lagos, quien además presentó una demanda penal en contra de su jefe.

Respecto de la designación de personal ya se han « recolectado cuarenta pruebas» y otro tanto con los cargos que se le achacan. Según trascendió, la comisión pedirá al Tribunal Oral Número 3 una copia del reproche realizado contra Romero por haber entorpecido de modo indebido supuestamente la causa penal contra el ex magistrado Carlos Branca.

Juicio Político abrió una investigaciónen marzo pasado sobre la conductade Romero, pero recién ahora terminó la recolección de pruebas con lo cual se podrá avanzar en una definición sobre este pedido de enjuiciamiento contra el funcionario. En el pedido formulado por Hilario Lagos los cargos principales formulados contra Romero son «falta de idoneidad» para ejercer esas funciones, «violencia moral», « administración fraudulenta» e irregularidades en la designación de personal y en la administración del presupuesto del organismo público. Otra imputación formulada, en este caso por Lagos, es que Romero habría indicado a los subordinarios no hacer una defensa adecuada, sino realizar a los «testigos cuatro preguntas tontas, en los alegatos cuatro pavadas, para cumplir pues los imputados vienen todos condenados».

Otros de los cuestionamientos realizados por Lagos, quien también promovió una denuncia penal contra Romero, es que el defensor modificó el reglamento para tener la potestad de poder autorizar a algún funcionario a participar de una campaña política, cuando está prohibido.