El Senado acelera los juicios por jurados

Cristina Fernández de Kirchner aceleró ayer, finalmente, la puesta en marcha de los juicios por jurados en el nivel nacional, una demorada demanda, incluida en el primer petitorio Blumberg, y que cuenta con aval del gobierno.

El ministro de Justicia, Horacio Rosatti, visitó el Senado el 28 de setiembre e impulsó este mecanismo. Miguel Angel Pichetto avisó que en 15 días habría despacho de comisión. Cuando se cumplió el plazo, el martes pasado, la promesa quedó incumplida. Pero al menos estaba en camino.

La senadora santacruceña, a cargo del trámite parlamentario del sistema en la Cámara alta, designó una subcomisión que analizará los distintos proyectos con el propósito hacer un dictamen único y consensuado en dos o tres semanas, a lo sumo, y bajar el tema al recinto antes del 10 de diciembre.

La intención de la señora de Kirchner, y del Ejecutivo, es que antes de esa fecha, cuando vence el período de sesiones, la iniciativa cuente con sanción senatorial y así pueda pasar a estudio de Diputados apenas comience la temporada 2005.

• Consultas extraoficiales

La primera dama manejará el expediente, ya que Asuntos Constitucionales -que ella lidera- es la dependencia cabecera. Luego, el texto debe ser girado a Justicia y Asuntos Penales, cuyo titular es el radical Jorge Agúndez. Para apurarlo y evitar conflictos con la otra ala del palacio de las leyes, en el ínterin habrá consultas extraoficiales entre senadores y diputados.

Los peronistas Jorge Yoma y la adolfista Liliana Negre de Alonso, más el radical Carlos Prades (Santa Cruz) y la porteña Vilma Ibarra (Frente Grande) serán los encargados de buscar acuerdos en la comisión, sintonizarlos con criterios de Agúndez y compañía, y redactar el dictamen que desembarcará en el hemiciclo. Entre otras cosas, tendrán que definir entre ellos, y en diálogo con la cartera de Justicia, qué clase de delitos serán sometidos a los jurados. Yoma fue un adelantado en la materia y su propuesta servirá de base.

Hasta organizó en abril un seminario sobre el sistema, al cual se montó el gobierno más por necesidad que por convicción. De ahí las postergaciones que sufrió la iniciativa. Esta vez, el aliento del Ejecutivo parece serio.

Los senadores quedaron curados de espanto cuando, en plena ola de inseguridad, el antecesor de Rosatti, Gustavo Béliz, tomó como propia la inquietud del legislador riojano para improvisar un presuntuoso Plan Nacional de Seguridad, después de aquel seminario. En el Senado, se lo recuerda como el «plan recortar y pegar», en alusión a que Béliz «birló» ideas de distintas fuentes con la exclusiva intención de impostar preocupación y exhibir una presunta celeridad en las reacciones.

Si bien la instrumentación del régimen está contemplada en la Constitución Nacional, nunca se pudo avanzar en la sanción de una ley reglamentaria debido a la controversia que siempre existió en el Congreso. Hasta el momento, el mecanismo está vigente en la Justicia de Córdoba y en la de Chubut. Mendoza podría seguir el mismo camino en el corto plazo.

Al arengar a los senadores, Rosatti reflexionó sobre las virtudes del juicio por jurados. «Es una forma de generar conciencia cívica» y sugirió que «se podría aprobar bajo el formato de ley de adhesión, debido a que en algunas provincias ya se está implementando».