Envían polémico proyecto contra los jueces federales

El gobierno materializó ayer su anunciada intención de enviar al Congreso un proyecto de ley para hacer desaparecer el fuero federal y permitir que la Justicia ordinaria de la Capital Federal pueda resolver las causas penales en las que hoy intervienen los jueces federales.

El proyecto fue girado a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales para su tratamiento. Junto con la creación del juicio por jurados (también en el Congreso), es una de las iniciativas oficiales que presentan mayor resistencia en los legisladores.

• Motivos

Algunos diputados no están de acuerdo con la unificación por los siguientes motivos:

• Es inconstitucional, porque viola la igualdad ante la ley de los porteños en relación con los habitantes de la provincia de Buenos Aires.

• No resuelve el problema de la inseguridad. Las estadísticas evaluadas por la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal demuestran que los fueros basados en leyes nacionales (no federales) cuentan con similares o peores registros sobre eficiencia judicial.

• Por caso, durante 2002 y el primer semestre de 2003 del total de causas ingresadas en todo el país en los fueros regulados por el Código Procesal Penal, sólo 2,51% fue elevado a juicio, 1 por ciento se resolvió por juicio abreviado o suspensión del juicio a prueba, mientras que sólo hubo juicio en 0,59 por ciento de los casos.

• La Justicia ordinaria registró un total de 121.668 causas ingresadas durante 2002, de las cuales 75,78% corresponde a causas con autores ignorados.

• En 29.465 casos, el autor estaba identificado, hubo elevación a juicio en 5.393 casos (4,43% de los casos ingresados) y llegaron a debate 1.039 casos.

• Unificando los fueros no se logrará la optimización y el fortalecimiento de la Justicia. Tampoco se logrará mayor eficiencia y celeridad en la definición de las causas. Por el contrario, se producirá un quiebre del principio de especialidad, conforme la distinta naturaleza de los bienes jurídicos comprometidos en los delitos previstos en el Código Penal y las leyes especiales.

El gobierno y el ministro Gustavo Béliz (quien ahora gusta coleccionar datos estadísticos) poseen esta información.

Sin embargo, insisten con su proyecto para que las causas penales puedan ser tramitadas por cualquiera de los 82 tribunales que actúan en la Ciudad de Buenos Aires. Esto sería así, porque, además de los 12 juzgados federales, tendrán competencia los 49 juzgados en lo Criminal de Instrucción, los 8 Penales Económicos y los 14 correccionales que existen en el distrito.

• Argumentos

Según el gobierno, la reforma busca una «mejor, más racional y eficiente asignación de tareas y recursos, para superar el actual fraccionamiento y las disparidades entre los diversos sectores en que han sido divididas las competencias».

La iniciativa también prevé la creación de las Salas VII y IX de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.

La ley -firmada por el presidente Néstor Kirchner y el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Béliz- establece que las funciones del juez electoral de la Capital Federal continuarán siendo desempeñadas por el juez a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 1, en manos de María Servini de Cubría.