El defensor general de la Nación, Miguel Romero, creó una comisión especial para coordinar la tarea de los defensores oficiales que deberán atender en los próximos días a los ex militares citados a declarar en los juicios de la ESMA y del Cuerpo I del Ejército. La cantidad de implicados amenaza con poner en riesgo los derechos a la defensa de los imputados y la paralización de los procesos.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
El Juzgado Correccional Federal Nº 12, a cargo de Sergio Torres, investiga los presuntos delitos contra los derechos humanos cometidos en la ESMA, mientras que el juez Daniel Rafecas, titular del Juzgado Correccional Federal Nº 3 se ocupa de lo acontecido en el Cuerpo I del Ejército. La emergencia llegó al despacho del defensor general Romero el viernes, cuando recibió información adelantada del requerimiento cursado por el fiscal Jorge Taiano al juez Torres para que se cite a indagatoria a más de 200 marinos (oficiales y suboficiales) que revistaron en la ESMA desde 1976 al 83. De inmediato, Romero convocó a la totalidad de los defensores oficiales del país, especialmente a aquellos designados en provincias y localidades en donde se ubicaron los comandos militares con responsabilidad en la lucha contra la guerrilla de Montoneros y ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo). Una seguidilla de comunicaciones telefónicas y emisarios ligó al juzgado de Torres, al despacho del fiscal Taiano con los defensores oficiales, mientras se organizaba el foro de Romero. La consigna: ganar tiempo antes de la salida de la lista de los marinos que puede conocerse en las próximas horas.
En ese clima de aprontes, el juez federal tuvo tiempo para conceder una entrevista -nunca lo había hecho- a Oscar Cavallo, padre y apoderado del ex capitán de corbeta Ricardo Cavallo (preso en España), quien quería conocer si su hijo figuraba entre los futuros indagados.
La defensora Sandra Llapur coordinó la convocatoria lanzada por Romero y casi hubo asistencia perfecta al cónclave de defensores de la semana pasada. Asistieron, entre otros, Marcelo Arrieta (Córdoba), Patricia Azzi ( Bahía Blanca), María del Carmen Valdunciel de Moroni y Alberto Cangiani (Mar del Plata), a los que se sumaron defensores de mayor aparición en los medios por casos resonantes, Silvia Otero Rella (defiende al ex capitán de corbeta Ricardo Cavallo), Perla Martínez de Buck ( defiende a Alfredo Astiz, María Julia Alsogaray), Rodolfo Catinelli (ESMA, Cuerpo I del Ejército, coronel Pedro Durán Sáenz), Mariano La Rosa (ESMA, Cuerpo I del Ejército) y hasta el joven Francisco Finger, ayudante de los dos anteriores.
• Ausencias
Hubo sin embargo algunas ausencias, asumidas como mensaje político para entendidos: faltó la defensora oficial ante la Corte Suprema de Justicia Estela Maris Martínez. Romero soporta un embate por su silla en la defensoría general y, dos denuncias en el Consejo de la Magistratura para entablarle juicio político dominan su exacerbado instinto de territorialidad. La defensora ante la Corte aspira a la sucesión revestida de la misma filosofía «garantista» que expresa el juez de la Corte, Eugenio Zaffaroni.
Romero indicó a los defensores que deben «cumplir estrictamente con los plazos procesales vigentes, a efectos de evitar una indebida dilación de las investigaciones», cuando llegue la catarata de citaciones. No sólo Romero acusó el impacto, en el Ministerio de Defensa preocupó la iniciativa del juez Torres, es que no hay capacidad instalada en cuarteles ni bases militares para alojar semejante número de indagados que seguramente quedarían en prisión. Con el antecedente de los asesinatos en la cárcel de Coronda, Pampuro y sus asesores temen escándalos del mismo calibre si dos centenares de ex militares van a penales para presos comunes.
El mensaje de Romero a los defensores es la primera manifestación del Ministerio Público que busca neutralizar las sospechas de debilidad del cuerpo para enfrentar procesos masivos. Es una respuesta que apunta a la fiscalía de control administrativo de la Oficina Anticorrupción, desde allí se había advertido que se llevarán al Consejo de la Magistratura los casos en los que se demuestre que «arbitrariamente» se han demorado expedientes. El defensor Eduardo Dromi, hermano del ex ministro Roberto Dromi, fue designado por Romero para encabezar la comisión que lidiará con los cientos de cédulas de citación para los marinos que requerirá el juez Torres.
Dejá tu comentario