Ex funcionarios, en la mira tras salida de Bonadío

Claudio Bonadío tiene cinco denuncias en el Consejo de la Magistratura. Ninguna prosperó. Quien más empeño puso por quitar del caso al juez federal fue el gobierno a través de la Unidad Especial de Investigaciones-AMIA. Pero nunca pudo encontrar el resquicio por donde entrarle al magistrado y producir su destitución.

Como esa estrategia falló, el golpe vino por una de las salas más afines al Ejecutivo: la Sala I de la Cámara del Crimen, la misma que hace pocas semanas equiparó el piquete con el derecho de huelga, instalando una «doctrina» desconocida en el país.

Para deshacerse del juez Bonadío, ese tribunal acunó como propia una denuncia del acusado del caso AMIA, el ex policía bonaerense Juan José Ribelli, absuelto en el juicio oral.

¿Es Bonadío el interés principal del gobierno, como lo fue en su momento el juez Juan José Galeano destituido, pese a que sus investigaciones sirven todavía hoy para promocionar la investigación AMIA? Sólo es parte de un paquete más ambicioso, en el que están contenidos ex funcionarios de Carlos Menem.

El encargado de investigar a dos de los ex hombres fuertes del menemismo es el juez Ariel Lijo, uno de los últimos magistrados nombrados por la administración Kirchner y ex secretario de la Sala I, la misma que quitó del medio a Bonadío.

La separación de Bonadío la firmaron los camaristas Gustavo Bruzzone, Jorge Rimondi y Juan González, quienes alegaron una supuesta «falta de imparcialidad». Además, acusaron al juez federal de omitir informar sus vínculos laborales con Corach, cuando el magistrado se desempeñó como subsecretario general de la presidencia desde 1990 a 1992.

Bruzzone y Rimondi son los camaristas que firmaron el fallo pro piquetero. Bruzzone es, además, quien excarceló a Omar Chabán y será indagado el 29 de noviembre por el Consejo de la Magistratura. Está muy cerca de ser acusado de «mal desempeño», aunque esa imputación caería gracias a la renovación política del consejo de jueces el 10 de diciembre.

La decisión de desplazar a Bonadío se produjo un día después de que la Comisión de Acusación avanzara sobre Bruzzone, la espada del supremo Eugenio Zaffaroni en los tribunales de segunda instancia.

Al camarista Bruzzone lo defiende el consejero Beinusz Smukler, un perseguidor de Bonadío y quien tiene como asesor a Susana Villegas, esposa del abogado de Memoria Activa, Pablo Jacoby.

El rol de Jacoby en este caso es clave: el letrado fue quien solicitó el apartamiento de Galeano en el expediente, cosa que ocurrió en diciembre de 2003.

Cuando el caso del destituido Galeano recayó en la Cámara de Apelaciones fue atendido por los jueces Alfredo Barbarosch, Jorge Rimondi y Juan González (los dos últimos firmaron la resolución contra Bonadío).

• Asombro

Es entonces que Galeano recusó a Barbarosch por tener como abogado a Jacoby, un interesado en la causa AMIA. La respuesta del camarista resultó un asombro porque Barbarosch no sólo reconoció que Jacoby era su abogado sino también lo era de los otros dos integrantes de la cámara, es decir de Rimondi y González.

¿Era necesario el apartamiento de Bonadío? El gobierno entendía que era imprescindible para avanzar sobre ex funcionarios de Menem.

Durante este año Bonadío cosechó tres denuncias en el Consejo de la Magistratura, expedientes que fueron rotulados con los números: 280/05; 310/05 y 316/05. Los dos restantes son añejos 242/02 y 295/03.

La ofensiva contra Bonadío la encabezó Alejandro Rúa, a cargo de la Unidad Especial de Investigaciones del atentado AMIA, que depende en forma directa del ministro de Justicia Alberto Iribarne. Se sabe que ninguna movida se hace sin el permiso especial de Kirchner.