Una verdadera tormenta política se ha desatado entre la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Magistratura. Los jueces supremos emitieron ayer una acordada que suspende el aumento salarial retroactivo que había dispuesto el Consejo de Jueces para camaristas, jueces, secretarios letrados y empleados del Poder Judicial de entre 10 y 35 por ciento.
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La medida fue rápidamente interpretada como un «castigo» del alto tribunal, dirigida a los jueces inferiores que se niegan a acatar el fallo que declaró constitucional la pesificación.
Seis jueces concluyeron que el Consejo de la Magistratura no tiene potestad para aumentar los sueldos. Se embarcaron en esta posición Enrique Petracchi, y los jueces pesificadores Augusto Belluscio, Antonio Boggiano, Juan Carlos Maqueda, Eugenio Zaffaroni y Elena Highton de Nolasco. Se abstuvo de votar (quería más tiempo para meditar la situación) Carlos Fayt. El veterano magistrado tuvo un problema similar cuando era presidente de ese tribunal y la Magistratura dispuso un aumento de $ 200 para todos los empleados por fuera del Presupuesto de la Justicia.
Hoy será un día ríspido en los Tribunales de Talcahuano 550. Además de soportar la protesta de los ahorristas de Nito Artaza aliados con los hipotecarios y Nina Peloso, esposa de Raúl Castells, los ministros tendrá que hacer frente al sindicato que comanda el cacique de los judiciales Julio Piumato. El gremialista ya anunció una marcha y un plan de lucha por tiempo indefinido. En rigor, la decisión que tomó ayer la Corte Suprema fue la más leve, porque en la áspera discusión que encabezó Petracchi (el más aguerrido opositor) había clara intención de anular directamente lo dispuesto por los consejeros. Sin embargo, se optó por buscar un acercamiento de las posiciones.
•Conflicto
La cuestión es más complicadade lo que parece: hay un claroconflicto de poderes entre las máximas autoridades del Poder Judicial y, además, una suba de salarios para este sector del Estado actuaría como «efecto cascada» para el resto de la administración pública. En Economía se analizaba que el Consejo de la Magistratura había quedado entrampado en una jugada bien orquestada por Julio Piumato, jefe de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación-(UEJN) y miembro del consejo directivo de la CGT. Avalar un aumento de sueldos a los judiciales, daría pie a un reclamo idéntico de otros gremios estatales.
El aumento y el reescalafonamiento dispuesto por el consejo de jueces significaría una erogación de $ 130 millones anuales, que no están contemplados en el Presupuesto actual que fue definido en una cifra superior a los $ 700 millones.
El jueves pasado, ese cuerpo colegiado aprobó una suba del salario básico de 10%, y su inmediato pago retroactivo al 1 de octubre; el ascenso de más de 15 mil funcionarios y empleados del escalafón superior, y la ratificación del sistema de « enganche» por el que se prevé futuros incrementos en los sueldos.
Esto implica que un camarista que hoy cobraba un básico de $ 5.327 pasará a ganar $ 5.860, es decir, tendrá un incremento salarial de 10%. Beneficiados por el ascenso los secretarios de cámaras ( federales y nacionales) tendrán un aumento de $ 600. De $ 3.223 pasarán a cobrar $ 3.888. Quienes se desempeñaban como prosecretarios administrativos se convertirán en prosecretarios jefes con un salario que de $ 1.689 pasarán a cobrar $ 2.237 con un incremento de 32,44 por ciento.
Quedaron fuera del aumento, los fiscales, los defensores oficiales, unos 120 meritorios y personal de la planta de la Corte Suprema de Justicia.
Ayer la Corte decidió reivindicar sus atribuciones para el manejo de las remuneraciones de magistrados y empleados de la Justicia de todo el país, en detrimento de las facultades del Consejo de la Magistratura en esos asuntos. Así señaló que:
• El Consejo de la Magistratura ha incurrido en un grave error de derecho porque el apartamiento de la ley linda con la incompetencia.
• Las decisiones finales en materia de reestructuraciones funcionales y de remuneraciones han sido reconocidas por la Constitución nacional y leyes vigentes que « inequívocamente» corresponden a la Corte Suprema.
• Recordaron que las atribuciones que primitivamente se pergeñaron como propias del Consejo en relación con la fijación de remuneraciones « fueron desechadas en la Ley 24.937, finalmente sancionada y, por eso, continúan en cabeza de esta Corte». Por lo tanto, rechazaron toda posibilidad de un ejercicio conjunto o bicéfalo del gobierno del Poder Judicial.
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