La Argentina será escenario de una confrontación sobre justicia y derechos humanos que tiene a dos españoles en veredas opuestas: el fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Rubira y el juez Baltasar Garzón. La presencia de estos dos juristas en el país está complicada con decisiones de fondo que deben tomar la Corte Suprema y las fiscalías en temas que son precisamente los que debatirán los españoles invitados: validez de las normas de punto final.
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Con una distancia de una semana el fiscal y el magistrado visitarán el país invitados por la universidad Austral y la del Sur respectivamente y expondrán sus enfoques respecto de extradiciones, amnistías y delitos contra los derechos humanos. Tras la movida de Garzón hay un interés consultivo especial del fiscal bahiense Hugo Cañón que en representación del gobierno francés acaba de apelar ante la Corte Suprema la denegatoria a la extradición del ex marino Alfredo Astiz. Cañón hurgará en el bagaje leguleyo del magistrado español para lograr la extradición de Astiz a Francia. El propio Garzón, de no ser por la oposición del premier español José María Aznar, hoy tendría presos en España a casi medio centenar de militares argentinos.
Fue Rubira con su informe a la Audiencia Nacional de España quien insistió en que «no se puede seguir enjuiciamiento en España cuando los hechos están siendo enjuiciados en el país en el que sucedieron». El fiscal señaló que «en el caso actual, existen datos en el sentido de que el cambio político y judicial está determinando la apertura de procedimientos contra los militares argentinos y el inicio de la nulidad de las 'leyes contra la impunidad'». «En consecuencia, no puede aceptarse que tras los acontecimientos que está viviendo la República Argentina sea necesaria la intervención de la jurisdicción española en virtud del principio de la jurisdicción universal».
Las jornadas de la universidad Austral que se inician el miércoles 8 de octubre con la palabra del fiscal Rubira, contarán con la presencia del ministro de Justicia, Gustavo Béliz, quien cultiva un vínculo de benefactor con la orden eclesial soporte del exclusivo claustro universitario. Aunque esa relación se vio lastimada por el silencio de Béliz ante la proposición de Eugenio Zaffaroni para la Corte Suprema.
•Invitación
No se ha confirmado aún si los jueces federales Sergio Torres, que tiene las actuaciones de la causa ESMA y Rodolfo Canicoba Corral, con la del Cuerpo I de Ejército, serán de la partida. Sí se envió el sobre con la coqueta invitación redactada en cursiva inglesa al ministro de la Corte Antonio Boggiano, quien como se sabe también simpatiza con la orden del santo Escrivá de Balaguer. Más ecuménica, la charla de Baltasar Garzón en Bahía Blanca contaría en el público con la figura de Nicolás Becerra, jefe de los fiscales quien fue especialmente invitado por el bahiense Cañón.
El duelo de posturas respecto de la extradición de ciudadanos argentinos al extranjero por delitos contra los derechos humanos cometidos en territorio nacional ocurrirá con el telón de fondo de la cancelación de los ejercicios Aguila III y Unitas. La relación tiene fundamento, pues el presidente Néstor Kirchner se niega a otorgar la inmunidad que requieren los Estados Unidos a sus tropas para evitar que jueces de terceros países puedan requerirlos por delitos de lesa humanidad cometidos en operaciones de imposición de la paz. Y eso que tal petición está prevista en el artículo 98 del Tratado de Roma del que la Argentina es miembro pero exhibe como obstáculo la inconveniencia política de dar un privilegio legal a los norteamericanos.
El segundo panel en la Universidad Austral tiene al ex camarista Andrés D'Alessio como principal expositor. Los organizadores pusieron dedicación al sonido del salón auditorio, es que la temática: «Validez constitucional de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y de la ley que dispone su anulación», anticipa que entre el público habrá esos concurrentes anónimos que no son del ambiente de la toga, dispuestos a grabar en detalle lo que allí se diga. La idoneidad de D'Alessio en los temas de la agenda está comprobada: fue el presidente de la Cámara Federal que juzgó y condenó a las juntas militares en 1985 y por esa acción la Policía desactivó una bomba que se había colocado frente a su domicilio. También enunció varios fundamentos a favor de la validez de la Ley de Obediencia Debida en 1987 cuando la Cámara de Apelaciones tramitaba la causa «Camps». Y por sus conocimientos fue tentado por el embajador francés Francis Lott para que represente a Francia en la apelación ante la Corte Suprema por la extradición del ex marino Astiz.
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