4 de enero 2006 - 00:00

Gobierno busca sumar también sus abogados al Consejo de la Magistratura si lo cambia

Romper la representación de los abogados en el Consejo de la Magistratura y aumentar la hegemonía en la Justicia son la ambición que ocupa ahora a la administración Kirchner. El gobierno decidió jugar en las elecciones de los profesionales y anotar a candidatos propios. La primera batalla será en abril, cuando se dispute la presidencia del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. La otra elección decisiva será en octubre, cuando todos los abogados del país elijan a quienes los representarán en el Consejo de la Magistratura. Son dos que, si responden al gobierno, se sumarán a los 5 que tendrá según la reforma que debe votar aún la Cámara de Diputados.

El kirchnerismo se entusiasma también con el control de los abogados. En abril habrá elecciones en el Colegio Público de la Capital y en octubre se elegirán los letrados consejeros que irán al Consejo de la Magistratura.
El kirchnerismo se entusiasma también con el control de los abogados. En abril habrá elecciones en el Colegio Público de la Capital y en octubre se elegirán los letrados consejeros que irán al Consejo de la Magistratura.
Mientras los colegios de abogados meditaban en aplicar algún tipo de castigo a los abogados legisladores que respaldaron la reforma del Consejo de la Magistratura, el gobierno ya definió su estrategia de tomar el control de los abogados y así sumar más poder hegemónico en la Justicia.

Las posibilidades son grandes. En abril son las elecciones en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, un objetivo que interesa a la administración Kirchner.

Para esa batalla electoral anotó el ex titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) Ricardo Nissen. Combatirá contra Guillermo Borda, del Colegio Abogados de la Ciudad, y contra Gustavo Bosser. El ex juez de la Corte Suprema está apadrinado por el actual presidente del Colegio Público, Lucio Ibáñez; el ex titular de esa entidad Hugo Germano y el decano de la Facultad de Derecho de la UBA, Atilio Alterini.

El manejo de ese colegio implica un caudal electoral de 65.000 matriculados que integran la colegiación porteña. Para ayudar a la conquista de ese número -para nada despreciable- el sector K de la abogacía ha empezado a reclutar voluntades de la mano del diputado porteño Miguel Talento.

La elección de abril es sólo un escalón. El gran desafío está en alcanzar el triunfo en las elecciones nacionales de los abogados previstas para octubre, un mes antes de que se materialice la reforma propuesta por Cristina de Kirchner, que otorga sólo dos sillas para los profesionales del Derecho.

Precisamente, la idea del gobierno es que los dos abogados que ingresen al remozado consejo de jueces sean a fines a su gestión, aunque consideran que uno «no es mal negocio».

• Apoyo

La Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) también hace sus cuentas y estima que estaría en condiciones de obtener el apoyo de 60% del padrón de todos los abogados del país. Y, así, asegurarse un abogado de tropa propia en la magistratura.

Si los números son interesantes, también lo es analizar el esquema de poder que el oficialismo imagina.

• En un consejo de 13 miembros, siete corresponden al bloque político. Es decir, son 3 legisladores por cámara y un representante del Ejecutivo. De movida, el sector político se reserva 53,87% del poder decisorio, un amplio número para sesionar con quórum propio y la posibilidad de resolver sobre todas las cuestiones que no requieran mayoría oficial.

De los 6 legisladores, 4 le corresponden al oficialismo que sumado al representante del Ejecutivo forman un quinteto que concentra 38% de poder de veto en el Consejo de la Magistratura. Si a ese bloque se le suma uno o dos abogados que responden al oficialismo, entonces el gobierno tendrá, prácticamente, garantizado un poder solitario para frenar la nominación de una terna de candidatos a juez que no le interese.

• La otra pata de la estrategia está en el Senado. Por si acaso algún consejero díscolo se opone a consentir a algún candidato a juez. «La señora» Cristina sentó al chubutense
Marcelo Guinle en la decisiva presidencia de la Comisión de Acuerdos del Senado. Allí se define quién de los nominados alcanza el rótulo de juez y también a quiénes se desecha.

• Misión

Guinle además de hacer firmar el dictamen de la reforma del consejo de jueces, cuando la primera dama no podía hacerlo porque técnicamente no era senadora, ocupa otro cargo importante. Es vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

El lugar de
Guinle no es casual. El senador chubutense en 2003 fue el segundo hombre de sucesión de Kirchner. Fue presidente provisional del Senado. Se entiende entonces, que su misión será respetar y llevar adelante el proyecto que más convenga al gobierno de Néstor Kirchner.

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