Greco: Miceli manda al Congreso al juez

Judiciales

Felisa Miceli insistiría hoy ante el Senado que el gobierno nunca pensó pagarle al Grupo Greco la deuda que éste le reclama al Estado. La ministra, respondiendo a una orden judicial que la obligó (al hacer lugar a un recurso de amparo presentado por los radicales Gerardo Morales y Ernesto Sanz) a informar sobre el trámite previo en Economía de ese polémico pago suspendido en el Senado, alegará nuevamente que todo lo concerniente a ese escándalo ya fue explicado por Alberto Fernández en Diputados.

El radicalismo utilizó un decreto de Néstor Kirchner, el 1172/03 sobre Acceso a la Información Pública, para exigirle a Miceli, en febrero de este año, que explicara por qué se le pidió al Congreso que aprobara una ley de ampliación de la autorización de emisión de deuda, por un monto total de $ 1.300 millones, donde se había incluido el pago de una cuestionada deuda de $ 578 millones a los integrantes del Grupo Greco. Ese proyecto desató el escándalo y se frenó en el Senado.

La ministra, después de alguna demora respondió en un escrito firmado por Valeria Pommodoro, a cargo del área legal de su ministerio, que nunca se había pensado cancelar esa deuda, en contra de la documentación y la información con que contaban los senadores.

Ante esa respuesta éstos presentaron una acción de amparo a la que la jueza en lo Contencioso Administrativo, María José Sarmiento hizo lugar poniendo una fecha límite para que Miceli explicara las alternativas del pago.

  • Tesis confirmada

    En medio de ese plazo, Alberto Fernández, en su informe como jefe de Gabinete ante Diputados, confirmó la tesis de la ministra y acusó directamente a los funcionarios de Asuntos Jurídicos de Roberto Lavagna de haber aceptado y homologado judicialmente el reclamo de los Greco en 2005.

    Pero la exigencia judicial sobre Miceli se mantuvo y el plazo vence esta semana.

    En esta respuesta Miceli insistirá en que las preguntas efectuadas por los radicales ya fueron respondidas por A. Fernández. Esas «preguntas» son en realidad un listado de 20 requisitorias que incluyen desde la tramitación del pago al Grupo Greco hasta las resoluciones que tomó la ministra después de desatado el escándalo por las que ordenó primero, que se llevara adelante una investigación en su cartera y luego declaró nulo todo lo actuado por los defensores del Estado en la causa Greco desde setiembre de 2004 hasta la fecha.

    Esa resolución de Miceli incluyó una denuncia penal presentada por la abogada Alejandra Taddei, donde se pide investigar a Yolanda Eggink, Osvaldo Siseles y Eduardo Pérez, ex secretario legal de Economía; es decir toda la línea de Asuntos Jurídicos del ministerio en épocas de Lavagna.

  • Ampliación

    A esa denuncia se le agregó luego una ampliación que presentó también Economía para que se investiguen los créditos a favor de Pedro Pou, ex presidente del Banco Central, que aparecen en la causa Greco.

    Pero lo que no ha explicado aún la investigación es cómo llegó al Congreso un pedido de emisión de deuda con una imputación parcial al pago a favor de los Greco. Aunque Miceli niega esa posibilidad, los senadores del oficialismo y la oposición tienen en su poder un informe del director de Deuda Pública, Jorge Amado, quien confirmó en diciembre de 2006 que seis órdenes de pago a favor de los Greco-Bassil por un total de $ 578 millones estaban incluidas en el proyecto de ampliación de bonos.

    El radical Gerardo Morales, sabiendo que la ministra negará nuevamente esa intención de pago, le salió anoche al cruce con un nuevo interrogatorio: «Si el PE no tenía intención de pagar al Grupo Greco, ¿qué ha significado, entonces, que en el pedido de autorización para la colocación de bonos de deuda solicitado al Congreso por el Ministerio de Economía, a través del mensaje 1218 del 12/09/2006, por $ 1.300 millones, se incluyera como ' beneficiarios' en el rubro ' proveedores varios' diferentes acreencias, cuyo denominador es la vinculación a la quiebra del Grupo Greco?», dijo Morales.

    «¿Por qué luego del frustrado tratamiento de dicho proyecto de ley, el PE retira el mismo del Senado?, ¿por qué la ministra de Economía nulifica todo lo actuado y manda a sumariar a los funcionarios intervinientes de su cartera?, ¿por qué el informe de la SIGEN del 10/10/2006 detecta la irregularidad e informa al Poder Ejecutivo?», bramaba anoche Morales.

    Una vez que Miceli le responda al Senado quedará terminada cualquier vía administrativa en esa cartera para que los radicales sigan avanzando en la investigación que tomaron como uno de los leit motiv de campaña.
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