Ibarra depende de una caja azul

Si las anteriores fueron semanas clave para Aníbal Ibarra, la que comienza es decisiva: el juez Julio Lucini piensa resolver los procesamientos de ex funcionarios de su gobierno en el caso Cromañón. Hoy y mañana tendrán cita nuevos careos entre funcionarios relacionados con las inspecciones a los locales porteños. Las confrontaciones ante el juez de la semana pasada, que protagonizó la ex subsecretaria de Control Comunal, Fabiana Fiszbin, agregaron confusión a la causa. Esto provocaría que el magistrado demore la resolución de los procesamientos, que quiere tener lista antes del 3 de mayo, fecha prevista para que retome la causa la jueza Ana María Crotto, si su parte médico se lo permite.

La defensa de Fiszbin, la psicóloga ibarrista amiga íntima de Vilma Ibarra, dispara contra quien era tercera en su dependencia, Ana María Fernández, quien reporta al legislador porteño Jorge Giorno. Curiosamente, los padrinos políticos de una y otra funcionaria -Aníbal Ibarra y Giorno- pasearon juntos la semana pasada por Washington, en una gira ante el Banco Mundial. Las rondas e indagatorias no privaron a abogados y jueces de ser espectadores de la revelación de las pujas más secretas dentro del gobierno de Ibarra.

• Investigación

Ahora la investigación parece acotada al misterio de una caja. Una caja azul con documentación. Quién la tenía, quién la encontró y quién la manejó durante 2004 es una de las pistas que acercarían al magistrado hacia las personas o persona con mayor responsabilidad en no haber inspeccionado el boliche del Once y dejarlo funcionar con la certificación de prevención contra incendios vencida en noviembre de 2004. Por esa falta y otras se imputa a los ex funcionarios de homicidio culposo en 193 casos, los muertos como consecuencia del incendio que desató una bengala. Una de las teorías que sustentan esa acusación es, a grandes rasgos, que, si el Gobierno porteño hubiera clausurado el local por no estar en condiciones de funcionar al carecer de la certificación de Bomberos, el grupo Callejeros no habría hecho allí su recital y nada hubiera pasado. O bien, con el local controlado, sin infracciones, los jóvenes habrían podido salir a salvo del incendio.

La caja azul estaba en el nuevo edificio de la ex fábrica Alpargatas, en el barrio porteño de Barracas, al cual se mudó parte de la ex Secretaría de Justicia y Seguridad. Era una caja con un cartel que decía «Personal-Ana Fernández», de acuerdo con testimonios que están en la causa. La caja azul estaba sobre un armario que dividía el lugar de trabajo de Ana María Fernández -por entonces adjunta del área de Control Comunal- del área de Legales y guardaba aproximadamente 160 trámites de intimación a locales nocturnos para que remitan los comprobantes que acreditaran que estaban en condiciones de funcionar. Entre ellos estaba Cromañón, que cuando responde la intimación, en junio de 2004 se encontraba en regla, pero también, de acuerdo con los abogados que siguen el caso «había al menos un local con el certificado de Bomberos vencido en 2001».

• Defensa

A tres días de la tragedia, el 3 de enero, el mismo día en que regresa de Brasil Fiszbin -por entonces subsecretaria de Control Comunal- y presenta su renuncia apareció la caja. A Fiszbin le seguía en el cargo el director general, Gustavo Torres, otro vilmista, que llegó en 2001 al gobierno porteño como controlador, a propuesta del entonces legislador de la Ciudad, Alberto Fernández, con quien compartió estudios. Juan Carlos López lo nombra en reemplazo de Ana Fernández en setiembre de 2003, luego de haber desplazado por supuestas irregularidades en su función a Juan Lucangioli y a dos coordinadores, Horacio Santinelli -actual asesor de Ariel Schifrin- y a su par, Rivero. Torres, de acuerdo con recuerdos de ex funcionarios del gobierno porteño, ordena buscar documentación y sería la propia Fernández quien la encuentra sobre el armario en un episodio que generó un sumario administrativo y la declaración, el viernes pasado, de una abogada del área de legales, quien no dejó claro si realmente, como acusa Fiszbin, Ana Fernández quería llevarse la caja al abandonar su función.

Para Fiszbin esa es su defensa ante todas las imputaciones; quiere demostrar que su subalterna tendría literalmente «cajoneadas» intimaciones y clausuras que ella había ordenado y así sería la responsable de no haber controlado a los locales con irregularidades, como Cromañón y muchos más. En la caja habría 160 trámites sin terminar a los cuales nadie prestó atención, a tal punto que la búsqueda de la caja resultó ardua desde el 31 de diciembre hasta el lunes 3 de enero pasado, cuando Ibarra termina difundiendo que Cromañón había sido objeto de un requerimiento y estaba en orden cuando lo responde.