Intenta justificar el gobierno hoy polémica reforma judicial

Judiciales

El Estado deberá defender hoy en la Justicia la reforma del Consejo de la Magistratura y explicar los motivos que inspiraron al Congreso a aprobar una ley que redujo de 20 a 13 el número de miembros de ese cuerpo colegiado, contrariando dos artículos de la Constitución que establecen cómo debe darse la paridad de fuerzas entre las representaciones.

El informe que presentará el gobierno al Juzgado en lo Contencioso Administrativo de la doctora Claudia Rodríguez Vidal es en respuesta a un recurso de amparo impulsado por la Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA), que calificó de inconstitucional la reforma del consejo de jueces que promovió el oficialismo.

Los abogados -los más perjudicados en el reparto de sillas- sostienen que la modificación que se dispuso sobre el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento alteró la paridad y el equilibrio de fuerzas previstos en los artículos 114 y 115 de la Carta Magna.

En esos apartados la disposición constitucional impone la integración del Consejo con representantes de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias, de los abogados de la matrícula federal y de otras personas del ámbito académico y científico.

Sin embargo, deja a criterio de los legisladores la determinación del número de integrantes del Consejo; el establecimiento de un determinado equilibrio entre la representación de los distintos sectores; la cantidad, calidad y acaso la representatividad de las personas del ámbito académico. Los legisladores también debe resolver sobre los métodos de elección, la duración y eventualmente sus remociones.

«Hoy, sobre 13 integrantes hay 3 abogados, uno de los cuales representa al sector académico. Dónde está el equilibrio», señaló Horacio Acevedo. El titular de AABA sentenció que si el gobierno no justifica hoy la reforma pedirá que se dicte sentencia y se declare ilegal la Ley 26.080 del nuevo Consejo de la Magistratura.

La reestructuración del Consejode la Magistratura le otorga al gobierno el control para designar o acusar a jueces. De los 13 integrantes, cinco pertenecen al gobierno (dos senadores, dos diputados y un representante del Poder Ejecutivo), mientras que los ocho restantes se atomizan en un variopinto bloque compuesto por un senador y un diputado de la primera minoría, tres jueces, dos abogados y un académico.

«La anterior composición tampoco era suficientemente equilibrada, pero esta nueva es inaceptable», sostuvo Acevedo.

El gobierno deberá justificar su reforma en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 3 de Claudia Rodríguez Vidal. La magistrada intervino en el amparo de los abogados luego de que el juez Guillermo Rossi se excusara de actuar, aduciendo (como hicieron otros jueces) que se trataba de un caso que los involucraba porque el Consejo debía decidir sobre su ascenso.

Rodríguez Vidal rechazó la medida cautelar, no obstante lo cual ordenó al Ejecutivo que se notifique de la acción de amparo de inconstitucionalidad de la Ley 26.080 y le dio cinco días para responder. En rigor, el plazo para defender la reforma del consejo de jueces venció la semana pasada, pero fue prorrogado a pedido del gobierno para hoy. En la Justicia en lo Contencioso hay otros tres recursos contra la iniciativa de Cristina. Uno presentado por el abogado mediático Ricardo Monner Sans, otro por Elisa Carrió y Marcela Rodríguez y un tercero impulsado por el Colegio de Abogados de San Isidro (CASI), pero en los tribunales federales de esa localidad bonaerense.

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